En declaraciones a FM Provincia, la funcionaria explicó que actualmente se encuentra en marcha una nueva etapa procesal en la que los partidos políticos fueron convocados a expresar su posición respecto de la apelación impulsada por el Gobierno.

Según indicó, el Juzgado Electoral otorgó un plazo para que las fuerzas políticas regularizadas puedan realizar las presentaciones que consideren pertinentes antes de que el expediente sea elevado a la Cámara de Apelaciones.

“Estamos esperando que se cumpla el plazo otorgado a los partidos políticos para que luego el expediente pueda ser remitido a la Cámara y se avance con una resolución”, señaló.

Arroyo destacó que el Ejecutivo solicitó expresamente que el trámite sea tratado con celeridad debido a la importancia institucional que reviste el proceso y a la necesidad de contar con definiciones claras sobre el futuro de la reforma constitucional.

La funcionaria sostuvo además que, a criterio del Gobierno, la participación de los partidos políticos resulta fundamental en una discusión de estas características, aunque observó que esa intervención llegó recién después del fallo judicial que suspendió el cronograma electoral.

“Entendemos que la democracia se basa en la participación y por eso consideramos importante que los partidos puedan expresarse sobre este proceso”, afirmó.

Consultada sobre la fecha del 9 de agosto, originalmente prevista para la elección de convencionales constituyentes, Arroyo explicó que oficialmente continúa vigente, aunque reconoció que las demoras judiciales generan incertidumbre respecto de su cumplimiento.

“La fecha sigue siendo el 9 de agosto porque no existe ninguna modificación oficial, pero si el proceso continúa demorándose habrá que analizar cómo garantizar un cronograma electoral adecuado para todos los actores involucrados”, manifestó.

La secretaria Legal y Técnica también recordó que la decisión que adopte la Cámara podría no ser la última instancia del proceso, ya que cualquier resolución todavía podría ser revisada por el Superior Tribunal de Justicia.

En ese marco, advirtió que la provincia atraviesa una situación inédita y compleja desde el punto de vista institucional, ya que no existen antecedentes similares en otras jurisdicciones donde se hayan desarrollado procesos de reforma constitucional recientes.

“Estamos frente a un escenario que genera una importante inseguridad jurídica y para el cual no encontramos antecedentes comparables en otras provincias”, sostuvo.