La crisis ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad palpable en las calles de Río Grande y Ushuaia.

Locales vacíos, comercios que liquidan mercadería para sobrevivir, fábricas que reducen personal, trabajadores suspendidos y familias obligadas a reorganizar completamente su economía forman parte de una escena que se repite cada vez con más frecuencia en Tierra del Fuego.

Los números oficiales ahora le ponen dimensión a ese proceso.

Según un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Tierra del Fuego registró en marzo de 2026 la mayor caída interanual del empleo privado formal de toda la Argentina.

La provincia perdió un 9% de sus puestos de trabajo registrados respecto del mismo mes del año anterior.

Traducido a personas, significa que 3.152 trabajadores quedaron fuera del empleo formal privado en apenas doce meses.

Pero el dato más contundente aparece al analizar el período comprendido desde noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Desde entonces, Tierra del Fuego perdió 5.451 empleos privados registrados, una caída acumulada del 14,4%.

Se trata de la segunda peor cifra del país, apenas detrás de Santa Cruz.

Mientras el promedio nacional muestra una baja acumulada del 3,4%, la caída fueguina cuadruplica ese porcentaje.

El impacto real es mucho mayor

Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran solamente una parte del problema.

Cada empleo industrial perdido arrastra una extensa cadena económica que involucra transporte, logística, servicios, comercio, gastronomía, mantenimiento, construcción y pequeñas empresas proveedoras.

Por eso, distintas estimaciones realizadas por cámaras empresariales, sindicatos y referentes económicos locales sostienen que el impacto real de la crisis supera ampliamente los números oficiales.

Si se suman los puestos indirectos afectados, las suspensiones, los contratos no renovados, los trabajadores desplazados hacia empleos precarios y los cierres de actividades comerciales, el universo de personas afectadas supera las 15.000 en toda la provincia.

Detrás de cada despido no hay solamente una estadística.

Hay familias que reducen gastos esenciales, comercios que venden menos, alquileres que dejan de pagarse y una economía que pierde capacidad de consumo.

La industria fueguina en la mira

La caída del empleo coincide con una ofensiva nacional que golpea directamente al principal motor económico de la provincia.

Durante los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó en una serie de medidas destinadas a reducir aranceles y facilitar el ingreso de productos electrónicos importados, una decisión que generó un fuerte rechazo entre trabajadores, empresarios y autoridades fueguinas.

La preocupación tiene fundamentos concretos.

La industria electrónica representa una de las principales fuentes de empleo privado de la provincia y constituye el corazón del entramado productivo local.

De acuerdo con datos del Monitor FINNOVA, el empleo industrial electrónico acumula una caída superior al 32% respecto de los niveles promedio registrados durante 2025.

La producción se desacelera, las inversiones se frenan y las empresas enfrentan un escenario de creciente incertidumbre.

Para numerosos sectores económicos fueguinos, la apertura indiscriminada de importaciones y la eliminación gradual de mecanismos de protección industrial constituyen una amenaza directa para la supervivencia del régimen productivo que permitió poblar, desarrollar y sostener actividad económica en el extremo sur del país durante más de medio siglo.

Cierran comercios y desaparecen pymes

La crisis ya comenzó a sentirse con fuerza en el sector comercial.

Empresarios de Río Grande y Ushuaia vienen alertando desde hace meses sobre una caída sostenida del consumo, menores niveles de facturación y crecientes dificultades para afrontar costos operativos.

Las cámaras empresariales reconocen que numerosos comercios redujeron personal, acortaron horarios de atención o directamente cerraron sus puertas durante el último año.

Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas.

Muchas dependen de manera directa del movimiento económico generado por la industria. Cuando una fábrica reduce producción o despide trabajadores, el efecto se traslada rápidamente al resto de la economía.

Menos empleo significa menos salarios circulando.

Menos salarios implican menos ventas.

Y menos ventas terminan generando nuevos cierres y más pérdida de puestos de trabajo.

Mucho más que una discusión económica

Lo que está en juego en Tierra del Fuego excede largamente un debate sobre números.

Desde la creación del subrégimen industrial, la promoción económica fue concebida como una herramienta estratégica para consolidar población, generar empleo y fortalecer la presencia argentina en un territorio clave por su ubicación geopolítica en el Atlántico Sur, la Antártida y el paso bioceánico.

Por eso, cada puesto de trabajo perdido tiene una dimensión que trasciende la economía.

La caída de la actividad industrial impacta sobre el arraigo, sobre las oportunidades de las nuevas generaciones y sobre la capacidad de la provincia para sostener un modelo de desarrollo construido durante décadas.

Hoy los números son contundentes.

Más de 5.400 empleos privados registrados desaparecieron desde el cambio de gobierno nacional.

Más de 15.000 puestos directos e indirectos aparecen afectados por la crisis económica.

La industria electrónica atraviesa uno de sus momentos más delicados y Tierra del Fuego encabeza el ranking nacional de destrucción de empleo.

La pregunta que comienza a resonar con fuerza en toda la provincia ya no es cuántos puestos se perdieron.

La verdadera pregunta es cuántos más podrán perderse si continúa el desmantelamiento de las herramientas que durante décadas permitieron producir, trabajar y vivir en el extremo sur argentino.