Cada vez que las lluvias intensas golpean a Río Grande, la escena se repite.

Calles anegadas, desbordes, acumulación de agua y vecinos de la Margen Sur obligados a convivir con un problema que parece no tener solución.

Detrás de esa situación existe una infraestructura que debía ayudar a resolver gran parte de esos inconvenientes y que, pese a estar terminada desde hace años, continúa sin funcionar.

Se trata de una de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales ubicadas en el sector sur de la ciudad, una obra ejecutada por el Gobierno de Tierra del Fuego que permanece paralizada desde hace aproximadamente tres años sin que existan explicaciones públicas claras sobre los motivos de semejante demora.

Frente a este escenario, el legislador provincial Matías Lapadula presentó un proyecto de resolución para exigir respuestas al Ejecutivo fueguino y conocer qué ocurrió con una infraestructura considerada estratégica para el saneamiento y el sistema de drenajes de uno de los sectores más poblados de Río Grande.

Una obra terminada que nunca comenzó a funcionar

Según surge de la documentación presentada en la Legislatura, la estructura edilicia y la obra civil de la planta ubicada en la intersección de Itatí y Kau se encuentran concluidas desde hace aproximadamente tres años. Sin embargo, la estación nunca entró en funcionamiento porque no se realizaron los trabajos complementarios necesarios para su conexión definitiva a la red eléctrica.

El dato genera interrogantes inevitables.

¿Cómo puede una obra de semejante importancia permanecer inactiva durante años por una conexión que nunca se concretó?

¿Quién tomó la decisión de dejar paralizada una infraestructura ya construida?

¿Dónde quedaron los recursos invertidos para una obra que aún no presta servicio?

Son algunas de las preguntas que ahora busca responder el pedido de informes impulsado por Lapadula.

El costo de la inacción lo pagan los vecinos

La falta de funcionamiento de esta estación elevadora no representa solamente un problema administrativo.

Las consecuencias se sienten cada vez que el sistema de drenajes y saneamiento trabaja al límite.

Actualmente, una única estación elevadora debe absorber la totalidad de los líquidos cloacales provenientes de toda la Margen Sur, generando una sobrecarga permanente sobre la infraestructura existente.

Esa situación incrementa los riesgos de fallas operativas y agrava los problemas cuando se producen lluvias intensas.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto legislativo, los episodios de precipitaciones generan anegamientos, desbordes y serias dificultades en el funcionamiento de los desagües, afectando directamente la calidad de vida de miles de familias que residen en ese sector de la ciudad.

Para los vecinos, el problema no es nuevo.

Desde hace años reclaman soluciones definitivas mientras observan cómo obras anunciadas como fundamentales permanecen inmóviles detrás de cercos, estructuras vacías y promesas incumplidas.

Una promesa que quedó congelada

La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el propio Gobierno provincial presentó años atrás las estaciones elevadoras y la planta de tratamiento de efluentes de la Margen Sur como obras estratégicas destinadas a beneficiar inicialmente a más de 26.000 vecinos, con proyecciones de alcanzar a más de 52.000 habitantes en futuras ampliaciones.

Sin embargo, la realidad actual contrasta con aquellos anuncios.

Mientras la población de la Margen Sur continúa creciendo, la infraestructura que debía acompañar ese desarrollo permanece atrapada en un limbo administrativo y burocrático que ya lleva tres años.

El pedido de informes

La iniciativa legislativa otorga un plazo de quince días hábiles para que el Gobierno provincial informe sobre el estado financiero de la obra, las causas concretas de la demora, las inversiones realizadas, las gestiones efectuadas con la empresa de energía y los plazos previstos para concluir definitivamente el proyecto y transferirlo al Municipio de Río Grande.

La presentación también busca determinar si existen obstáculos técnicos, financieros o administrativos que expliquen la paralización de una obra que, en los hechos, ya debería estar prestando servicio.

Tres años después, las respuestas siguen sin aparecer

Mientras la Legislatura espera respuestas oficiales, los vecinos de la Margen Sur siguen enfrentando las consecuencias de una infraestructura inconclusa.

Cada lluvia vuelve a poner en evidencia el mismo problema.

Cada anegamiento recuerda que existe una obra terminada que nunca fue habilitada.

Y cada nueva tormenta reabre una pregunta que tres años después continúa sin respuesta:

¿Por qué una obra clave para miles de riograndenses permanece paralizada mientras los problemas que debía resolver siguen afectando a toda una comunidad?