Durante una entrevista con FM Provincia, la parlamentaria explicó que decidió intervenir luego de conocerse el listado de aspirantes admitidos y no admitidos, donde una gran cantidad de candidatos quedó fuera del proceso por cuestiones formales.

De los 63 postulantes que se inscribieron, 45 fueron excluidos y, según indicó, 38 de ellos habrían quedado afuera por no acreditar los cinco años de residencia continua exigidos por la normativa vigente.

Ante esa situación, Gracianía presentó una nota formal solicitando al tribunal evaluador que revisara los criterios aplicados y suspendiera los plazos administrativos hasta tanto se brindaran explicaciones claras a los afectados.

"Muchos postulantes aseguran haber presentado documentación suficiente para acreditar su residencia y no entienden por qué fueron excluidos", sostuvo.

La legisladora señaló que una de las principales dudas gira en torno al concepto de "libertad probatoria" utilizado por el tribunal. Según explicó, mientras se afirma que existe libertad para acreditar la residencia mediante distintos documentos, nunca se especificó cuáles son los medios considerados válidos o idóneos para cumplir con ese requisito.

"No se puede hablar de libertad probatoria y al mismo tiempo rechazar documentación sin explicar qué se considera válido y qué no", cuestionó.

Otro de los puntos que despertó cuestionamientos tiene que ver con la posibilidad que tuvieron algunos postulantes de subsanar documentación faltante, una alternativa que, según denunció, no fue otorgada a todos los participantes en igualdad de condiciones.

"Lo que genera preocupación es que algunos pudieron corregir observaciones y otros quedaron automáticamente excluidos. Eso debe ser explicado porque afecta la transparencia del procedimiento", afirmó.

Además, Gracianía consideró insuficiente la información publicada durante la etapa de impugnaciones, ya que los ciudadanos solo tuvieron acceso a un listado con nombres y DNI de los candidatos, sin conocer los antecedentes o documentación presentada por cada uno.

Para la legisladora, la situación amerita una revisión integral del proceso a fin de evitar cuestionamientos futuros sobre la legitimidad de la selección.

"La transparencia no es opcional. Cuando se trata de un cargo tan importante para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las reglas deben ser claras, públicas e iguales para todos", remarcó.

Tras recibir una respuesta negativa a su planteo inicial, Gracianía presentó un recurso de reconsideración ante el mismo tribunal y reiteró su pedido de explicaciones sobre los criterios utilizados para excluir postulantes y sobre las diferencias observadas durante el proceso de evaluación.

"Lo que buscamos es que no quede ninguna duda sobre cómo se tomaron las decisiones y que todos los participantes tengan las mismas oportunidades", expresó la legisladora, insistiendo en la necesidad de revisar el procedimiento para garantizar transparencia y confianza en la elección de quien ocupará un cargo clave para la defensa de los derechos de la niñez fueguina.