Durante una entrevista en FM Centro, la legisladora sostuvo que no se opone a la llegada de inversiones, pero cuestionó que las propuestas oficiales otorguen ventajas fiscales e impositivas extraordinarias a empresas extranjeras sin garantizar beneficios concretos para las economías regionales ni para los trabajadores argentinos.

“No podemos seguir regalando beneficios mientras se destruye el trabajo argentino”, afirmó Freites al analizar el proyecto que ya obtuvo dictamen y que podría avanzar en la Cámara de Diputados.

La representante fueguina remarcó que, a su entender, la experiencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no generó los resultados prometidos. “Tenemos dos años del RIGI y las inversiones no llegaron como se había anunciado. Ahora pretenden profundizar ese esquema con mayores beneficios para grandes empresas, pero sin exigir contratación de mano de obra local ni garantizar un impacto positivo sobre la industria nacional”, señaló.

Freites expresó además su preocupación por el futuro de los sectores productivos argentinos y aseguró que estas iniciativas terminan favoreciendo a capitales extranjeros en detrimento de las empresas nacionales. “Pueden traer trabajadores del exterior y acceder a enormes ventajas impositivas. Es un modelo que no protege la producción ni el empleo argentino”, cuestionó.

La diputada también vinculó el debate del Super RIGI con otros proyectos que actualmente se discuten en el Congreso, entre ellos las modificaciones a la Ley de Tierras y a distintos marcos regulatorios vinculados a la inversión extranjera.

En ese sentido, advirtió que existe una estrategia integral orientada a flexibilizar restricciones sobre recursos estratégicos y territorios nacionales. “Todo esto viene de la mano: el RIGI, el Super RIGI, los cambios en la ley de tierras y otras reformas que buscan avanzar sobre recursos que deberían seguir protegidos porque forman parte del patrimonio de todos los argentinos”, sostuvo.

Por último, Freites insistió en la necesidad de impulsar políticas que promuevan inversiones, pero con reglas que prioricen la generación de empleo local, el fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo de las economías regionales.

“Las inversiones son necesarias, pero no a cualquier costo. No podemos resignar producción, trabajo y soberanía a cambio de beneficios que terminan favoreciendo únicamente a grandes grupos económicos”, afirmó.