Según comerciantes consultados, el transporte suele explicar la caída de la actividad por la crisis económica y la baja del consumo, pero rara vez habla de las críticas que recibe por los elevados costos, las demoras en las entregas y la falta de alternativas para determinados tipos de carga.

El cuestionamiento más fuerte apunta a que, en algunos casos, el costo del transporte termina siendo mayor que el valor de la propia mercadería.

Uno de los ejemplos que mencionan es el de un pedido cuyo valor ronda los $150.000, pero cuyo traslado puede costar $250.000. Es decir, el flete representa cerca del 167% del valor del producto, una relación que, según sostienen, hace prácticamente imposible mantener precios competitivos.

Otro caso citado por comerciantes es el de los huevos. Explican que un maple puede comprarse en Buenos Aires por menos de $3.000, pero el costo de transportar un pallet refrigerado hasta Río Grande ronda los $830.000, lo que representa aproximadamente $2.300 adicionales por maple solamente en concepto de transporte. Como consecuencia, un producto que sale de origen con un valor cercano a los $3.000 termina superando los $5.500 antes incluso de contemplar otros costos como impuestos, alquileres, salarios o márgenes comerciales.

Para muchos comerciantes, esos números muestran que una parte importante del aumento del precio final no se origina en la fábrica ni en el comercio, sino en la logística.

Las críticas no terminan en los valores. También cuestionan la calidad del servicio.

Relatan situaciones en las que la mercadería ingresa un lunes a los depósitos y recién es entregada el viernes, obligando a los comerciantes a llamar todos los días para reclamar productos que ya se encuentran en la ciudad.

En un contexto de ventas deprimidas, esa demora puede significar perder clientes, romper la cadena de abastecimiento o incluso desperdiciar oportunidades comerciales.

Además del flete, los comerciantes señalan que habitualmente deben afrontar otros conceptos vinculados al traslado, como servicios de aduana, barcaza y distintos cargos operativos, que incrementan aún más el costo final de cada envío.

También remarcan que, mientras numerosos frigoríficos y fabricantes nacionales han reducido o mantenido sus precios durante meses para sostener las ventas frente a la caída del consumo, ese esfuerzo pierde impacto cuando los costos logísticos vuelven a encarecer los productos antes de llegar a Tierra del Fuego.

Por eso, desde el sector comercial sostienen que resulta injusto responsabilizar exclusivamente a los comercios por los precios que pagan los consumidores, ya que una parte importante del valor final estaría explicada por la estructura de costos del transporte.

Las críticas también apuntan a la escasa competencia en algunos segmentos, especialmente en cargas refrigeradas. Comerciantes afirman que, al existir pocas opciones disponibles, el margen para negociar tarifas o exigir un mejor servicio es muy limitado, lo que termina trasladando el costo al consumidor.

Nadie discute que transportar mercadería hasta una provincia insular implica costos importantes y que la actividad debe ser rentable. Sin embargo, los comerciantes plantean que el debate no puede limitarse únicamente a la caída de la demanda.

Si el transporte reclama comprensión por la crisis, también debería aceptar que existe un fuerte cuestionamiento por los costos, las demoras y la calidad del servicio que denuncian quienes dependen de esa logística para poder trabajar todos los días.

Frente a este escenario, también surge un interrogante que cada vez se escucha con más fuerza entre comerciantes y consumidores: ¿quién controla las tarifas, las condiciones del servicio y la competencia en el transporte de cargas hacia Tierra del Fuego?