La polémica por el concurso para cubrir los cargos de Defensor Provincial y Defensores Adjuntos de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego dejó de ser una simple discusión administrativa para transformarse en un debate con fuerte contenido político.

Desde el inicio del proceso, la legisladora libertaria Natalia Gracianía cuestionó públicamente el accionar de la Comisión Evaluadora. Presentó notas formales, difundió mensajes en redes sociales y concedió entrevistas donde sostuvo que existían criterios "incongruentes" para admitir o rechazar postulantes.

Incluso un grupo de aspirantes excluidos hizo público un documento reclamando mayor transparencia en un organismo que tendrá como misión proteger los derechos de las infancias.

Sin embargo, en ninguna de esas intervenciones apareció un dato que hoy resulta imposible pasar por alto.

Entre quienes quedaron fuera del concurso estaban Carolina Pauli y Laura Almirón de Pauli, hermana y madre del diputado nacional Santiago Pauli, principal referente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego.

Qué resolvió la Comisión Evaluadora

Frente a los cuestionamientos, la Comisión Evaluadora elaboró un extenso dictamen técnico donde respondió uno por uno los recursos de reconsideración presentados por los postulantes excluidos.

Lejos de reconocer arbitrariedades, el organismo sostuvo que todas las decisiones fueron adoptadas aplicando estrictamente la Ley Provincial Nº 1466 y las bases del concurso.

El principal requisito observado fue el previsto en el artículo 5 de la ley: acreditar cinco años de residencia continua e inmediata anterior en Tierra del Fuego, condición obligatoria para acceder a los cargos.

Pero en el caso de las familiares del diputado Pauli, las observaciones fueron mucho más amplias.

Por qué fue rechazada Carolina Pauli

El dictamen técnico concluyó que Carolina Pauli incumplía varios de los requisitos exigidos para continuar en el proceso de selección.

Entre las principales observaciones figuran:

• No logró acreditar el requisito de residencia continua e inmediata previsto en el inciso A del artículo 5 de la Ley 1466.
• El currículum presentado carecía de documentación respaldatoria suficiente para certificar las funciones invocadas, particularmente las desarrolladas en la Fundación Formar.
• El plan de trabajo presentado tampoco cumplía con los parámetros técnicos establecidos en las bases del concurso.
• Además, la Comisión determinó incumplimientos de distintos apartados del Anexo II de la Resolución Nº 193/24 que reglamentó el procedimiento.

Con esos fundamentos, el organismo resolvió rechazar su recurso de reconsideración.

El caso de Laura Almirón de Pauli

La situación de la madre del diputado nacional también fue analizada en detalle.

Según el dictamen, la documentación presentada no permitió acreditar los requisitos mínimos exigidos por la convocatoria.

Entre las observaciones realizadas por la Comisión se destacan:

• Los registros laborales aportados ante ANSES no permitían demostrar residencia efectiva en Tierra del Fuego porque no identificaban el lugar donde se habían desarrollado las tareas.
• No acreditó experiencia específica vinculada con la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• No presentó certificaciones laborales suficientes que respaldaran los antecedentes consignados en su currículum.
• Tampoco acompañó documentación que acreditara trabajo comunitario o territorial relacionado con la función concursada.

El dictamen concluye expresamente que la postulante "no acreditó los requisitos de residencia, título habilitante y/o idoneidad", motivo por el cual rechazó su presentación.

Lo que nunca se dijo públicamente

Durante toda la discusión política, Gracianía insistió en que el concurso presentaba inconsistencias y que una elevada cantidad de postulantes había sido excluida por cuestiones vinculadas a la residencia.

Sin embargo, nunca explicó que dos de las postulaciones alcanzadas por esas decisiones correspondían a familiares directas del principal dirigente de su espacio político en Tierra del Fuego.

Tampoco hizo referencia a que los recursos presentados por ambas fueron rechazados por unanimidad luego de un análisis técnico de la documentación acompañada.

Un contexto que alimenta el debate político

La controversia adquiere otra dimensión si se observa el escenario político de las últimas semanas.

Mientras La Libertad Avanza denunciaba supuestas irregularidades en un concurso público porque dos familiares de Santiago Pauli habían quedado fuera del proceso, el Gobierno nacional designó recientemente al pastor Alberto Belmar, tío del diputado nacional, como nuevo director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego.

La designación fue celebrada públicamente por referentes libertarios y el propio Pauli acompañó la asunción junto a la legisladora Natalia Gracianía y dirigentes del espacio.

Ese contexto inevitablemente alimenta el debate político.

La fuerza que construyó buena parte de su identidad denunciando los privilegios de la "casta", el ingreso de familiares al Estado y el nepotismo terminó envuelta en una controversia donde el eje del reclamo coincidía con la exclusión de la madre y la hermana de uno de sus principales dirigentes provinciales, mientras otro integrante de su familia asumía la conducción de uno de los organismos nacionales más importantes con presencia en la provincia.

Más allá del discurso

La Comisión Evaluadora sostiene que actuó aplicando estrictamente los requisitos previstos por la ley, garantizando igualdad de condiciones para todos los postulantes.

Los sectores que cuestionan el proceso continúan denunciando falta de transparencia.

Pero entre ambas posiciones permanece un hecho objetivo que durante semanas casi no apareció en el debate público: la ofensiva política encabezada por la legisladora Natalia Gracianía tuvo como telón de fondo el rechazo de las postulaciones de la madre y la hermana del diputado Santiago Pauli, quienes —según concluyeron los dictámenes técnicos— no acreditaron los requisitos legales y de idoneidad exigidos para acceder a la Defensoría Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.