En diálogo con FM Centro, Murcia aseguró que el deterioro de la estructura no era desconocido y explicó que la DPP ya había elaborado un proyecto de ampliación, reparación y refuerzo integral del sector turístico. El plan contemplaba la construcción de dos nuevos muelles para catamaranes y, una vez habilitados, la recuperación completa de la infraestructura existente.

La propuesta buscaba garantizar la continuidad de la actividad mientras avanzaban las obras. De acuerdo con Murcia, el muelle actual iba a permanecer operativo hasta que las nuevas estructuras estuvieran terminadas, evitando así dejar sin espacio propio a las empresas turísticas.

“La idea era construir dos muelles nuevos y, cuando estuvieran habilitados, avanzar con la reparación integral del actual”, explicó.

El proyecto había comenzado a gestionarse en 2023, pero quedó paralizado por el fuerte incremento de los costos. Murcia señaló que los fondos obtenidos a través del Ministerio de Turismo de la Nación perdieron capacidad de financiamiento debido al proceso inflacionario y ya no alcanzaban para cubrir las ofertas presentadas durante la licitación.

La falta de recursos adicionales terminó provocando la suspensión del procedimiento, aunque la obra volvió a ser incorporada posteriormente dentro del plan de mantenimiento e infraestructura que la DPP pretendía ejecutar durante 2026.

Murcia sostuvo que, mientras se buscaba concretar la intervención definitiva, se realizaron tareas parciales sobre la estructura, como el recambio de tablas, estacas y sectores superiores. Sin embargo, reconoció que esos trabajos no reemplazaban la necesidad de una reparación estructural de mayor magnitud.

También consideró que la tormenta registrada durante abril pudo haber acelerado los daños en la cabecera del muelle. Según relató, durante la administración provincial las embarcaciones eran retiradas del sector cuando se anticipaban condiciones climáticas severas y trasladadas preventivamente al muelle comercial.

“Cuando había una previsión de clima complicado, las embarcaciones se retiraban del lugar”, afirmó. En ese sentido, indicó que los catamaranes habrían permanecido amarrados durante el último temporal y señaló que esa circunstancia pudo contribuir al deterioro final de la estructura.

El titular de la DPP también marcó una contradicción en la decisión de la intervención nacional. Recordó que uno de los principales fundamentos utilizados por la ANPYN para tomar el control del puerto fue que el muelle comercial no ofrecía condiciones suficientes de seguridad.

Sin embargo, tras el cierre del sector turístico, los catamaranes deberán operar precisamente en el muelle comercial, compartiendo espacio con cruceros, embarcaciones de gran porte y otras operaciones portuarias.

“Se cierra el muelle turístico y se traslada la actividad al mismo lugar que habían señalado como inseguro”, cuestionó Murcia.

El funcionario remarcó que la temporada anterior de cruceros se desarrolló hasta el 7 de abril sin incidentes y sostuvo que esa operatoria demuestra que las advertencias utilizadas para justificar la intervención no se correspondieron con el funcionamiento real del puerto.

Respecto de la próxima temporada, explicó que la convivencia entre cruceros y catamaranes exigirá una coordinación mucho más compleja. Describió la distribución diaria de embarcaciones como un “tetris”, debido a que cada buque debe ser ubicado según sus dimensiones, horarios y nivel de calado.

“Los catamaranes van a tener que buscar espacios de menor calado y trabajar con una dinámica diferente. Indiscutiblemente, va a ser una complicación más”, advirtió.

Murcia señaló que, aunque la próxima temporada de cruceros ya se encuentra programada, la actividad internacional se organiza con hasta tres años de anticipación. Por este motivo, consideró que la falta de infraestructura, la inhabilitación del muelle turístico y la incertidumbre provocada por la intervención pueden afectar la planificación de los próximos ciclos.

“Va a ser una temporada compleja, tanto por la infraestructura como por la situación de los catamaranes”, afirmó.

Por otra parte, expresó su preocupación por los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, quienes desde el inicio de la intervención no pueden acceder a sus lugares habituales de trabajo. También indicó que la recaudación generada por el puerto dejó de ingresar a la administración provincial desde el 21 de enero.

Murcia explicó que la DPP contaba con reservas equivalentes a 14 meses de salarios, pero que seis meses ya fueron utilizados. Advirtió que solo quedarían fondos para sostener los haberes durante aproximadamente ocho meses más, en caso de que el conflicto no se resuelva.

Finalmente, cuestionó los resultados de la administración nacional y aseguró que las obras anunciadas al momento de la intervención todavía no fueron ejecutadas.

“Se habló de peligros, problemas de infraestructura y falta de seguridad, pero no se hizo absolutamente nada. La temporada continuó y no hubo inconvenientes”, manifestó.

Murcia concluyó que la intervención no produjo mejoras concretas y afirmó que el cierre del muelle de catamaranes terminó agravando una situación que la DPP ya tenía previsto resolver mediante un plan progresivo de ampliación y reparación.