En diálogo con FM Provincia, Giménez contradijo la versión brindada por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, quien había afirmado que los trabajadores estaban regresando progresivamente a sus puestos por cuestiones logísticas y de transporte.

“No me consta que eso sea así ni que esté pasando. Una de las principales contratistas que tenía YPF cerró sus puertas, dejó de trabajar y dejó a 80 trabajadores despedidos”, manifestó.

Según explicó, los empleados afectados iniciaron acciones judiciales para reclamar salarios, liquidaciones finales e indemnizaciones. Giménez sostuvo que la situación se produjo porque Velitec e YPF no habrían abonado las últimas dos facturas correspondientes a las empresas contratistas.

El abogado remarcó que varias de estas firmas tenían una extensa trayectoria en la actividad petrolera fueguina y estaban integradas por familias que trabajaron durante décadas en los yacimientos.

“Eran empresas familiares, donde se jubilaba el padre y después continuaba trabajando el hijo. Todo eso se destruyó”, lamentó.

Preocupacionales y monotributo

Giménez reconoció que algunos trabajadores fueron convocados para realizar estudios preocupacionales, aunque consideró que ese procedimiento no tendría sentido ante una continuidad de la actividad.

“Algunos hicieron el preocupacional, pero esto tendría que haber sido una continuidad laboral, porque ya estaban trabajando y contaban con todos los estudios necesarios”, explicó.

Además, denunció que a determinados operarios especializados, entre ellos mecánicos de maquinaria petrolera, les habrían pedido que se inscribieran como monotributistas en lugar de incorporarlos bajo relación de dependencia.

“Les dijeron que se fueran anotando en el monotributo porque no los iban a tomar en relación de dependencia. Esto implica una pérdida de derechos laborales y de dignidad humana”, advirtió.

Para el abogado, estas condiciones representan una forma de precarización que afecta directamente la estabilidad, los aportes y la protección social de los trabajadores.

Dudas sobre la capacidad operativa

Giménez también cuestionó la capacidad operativa y financiera de Velitec. Afirmó que la empresa tendría dificultades para acceder a créditos, adquirir vehículos y comprar las herramientas necesarias para desarrollar las tareas en los yacimientos.

“Es una empresa que no tiene automotores, herramientas ni insumos. Incluso están utilizando la ropa de invierno que quedó de YPF porque no entregaron indumentaria nueva”, sostuvo.

El abogado aseguró que, de acuerdo con la información que maneja, Velitec contaría con alrededor de 40 trabajadores en relación de dependencia, una cifra muy distante de los 260 puestos que deberían garantizarse.

“Si hasta este mes tenían aproximadamente 40 empleados, para alcanzar los 260 falta un montonazo”, enfatizó.

Giménez aclaró que desconoce la documentación o los acuerdos que puede tener el sindicato para sostener que todos los trabajadores serán reincorporados, pero señaló que la transición comenzó el 1° de junio y que, a mediados de julio, la situación continuaba sin resolverse.

“No creo que Luis Sosa sea irresponsable y genere expectativas sin tener algún respaldo, pero lo cierto es que seguimos en la misma situación”, expresó.

Un sector devastado

El abogado calificó el escenario como una “tragedia ambiental, económica y social” y cuestionó la falta de intervención de las autoridades provinciales, la Legislatura, los sindicatos, los municipios y las cámaras empresariales.

Según sostuvo, los trabajadores quedaron sin certezas mientras la crisis petrolera fue desplazada de la agenda pública por otros conflictos provinciales.

“Pareciera que ya se asumió que la actividad terminó en Tierra del Fuego y que los trabajadores quedaron librados a la buena de Dios”, cuestionó.

Giménez agregó que también existirían graves consecuencias ambientales en los yacimientos, con denuncias y registros de derrames de hidrocarburos, y reclamó una investigación sobre la actuación de Terra Ignis y Velitec.

“Hay una tragedia de todo tipo en la zona norte y nadie se preocupó por pedir siquiera medio informe”, afirmó.

Finalmente, cuestionó que la Legislatura haya impulsado una comisión investigadora por el radar de capitales británicos instalado en Tolhuin, pero no haya avanzado con una iniciativa similar para determinar qué sucede en las áreas petroleras.

“Durante 30 años cambiaron las operadoras y la actividad continuó normalmente. Ahora se produjo una destrucción laboral, empresarial y ambiental, pero nadie investiga lo que está pasando”, concluyó Giménez.