El Gobierno nacional profundiza su política de retiro del Estado en materia de infraestructura vial. A través de la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó que este miércoles se conocerán las propuestas económicas de las empresas interesadas en quedarse con la concesión de nuevos corredores viales.

En esta instancia quedaron habilitadas 22 empresas, que presentaron 50 ofertas para administrar ocho grandes corredores: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. La etapa comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, que se sumarán a los tramos ya concesionados en las fases anteriores del programa oficial.

Un modelo con inversión privada y peajes

La denominada Red Federal de Concesiones reemplaza la gestión estatal por contratos de obra pública bajo el sistema de peaje. Según el Gobierno, serán las empresas adjudicatarias quienes deberán hacerse cargo de la operación, el mantenimiento y las mejoras de los corredores, financiando las obras con recursos privados y la recaudación proveniente de las estaciones de peaje.

Para la administración de Javier Milei, el objetivo es reducir el gasto público y transferir al sector privado la responsabilidad sobre la infraestructura vial. En paralelo, el Ejecutivo avanza con la reestructuración de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que hasta ahora administraba buena parte de estos caminos.

Más de 9.000 kilómetros pasarán a manos privadas

Con esta tercera etapa, el Gobierno busca completar un esquema que dejará más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas, consolidando uno de los procesos de privatización de infraestructura vial más importantes de las últimas décadas.

La iniciativa representa un cambio profundo en el modelo de administración de la red vial argentina. Mientras el Ejecutivo sostiene que permitirá atraer inversiones y mejorar el mantenimiento de las rutas, distintos sectores advierten que el éxito del sistema dependerá del efectivo cumplimiento de las inversiones comprometidas y de la capacidad del Estado para controlar las concesiones.

El desafío del interior del país

El proceso también abre interrogantes sobre el futuro de los corredores menos rentables y las rutas estratégicas para las economías regionales. Provincias alejadas de los grandes centros urbanos, donde el tránsito es menor pero la conectividad resulta indispensable para la producción, el turismo y el abastecimiento, observan con atención cómo impactará este nuevo esquema.

En el caso de la Patagonia y particularmente de Tierra del Fuego, el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 3, principal vía de conexión terrestre de la provincia con el continente, constituye un aspecto central para la actividad económica, el transporte de cargas y la circulación de miles de fueguinos. El desafío será determinar si el nuevo modelo logra garantizar inversiones sostenidas y mejores condiciones de transitabilidad o si profundiza las desigualdades entre los corredores más rentables y aquellos considerados estratégicos por su valor social y productivo.