El legislador provincial de Provincia Grande, Matías Lapadula, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta de inmuebles y terrenos del Estado en Tierra del Fuego y advirtió que detrás de esa política podría esconderse un proceso de especulación inmobiliaria con bienes estratégicos para la provincia. Además, sostuvo que tanto la Legislatura como los municipios deben utilizar todas las herramientas disponibles para impedir que esas tierras terminen siendo utilizadas para negocios privados.

Durante una entrevista con FM La Isla, el parlamentario planteó que la discusión no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, como el proyecto que busca eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras.

"No puedo analizar la venta de estos terrenos sin tener en cuenta el proyecto que pretende eliminar los límites a la tenencia de tierras por parte de extranjeros y capitales extranjeros. Todo forma parte de una misma política", afirmó.

Un patrimonio estratégico en riesgo

Para Lapadula, la venta de inmuebles nacionales en Río Grande y Ushuaia excede una simple decisión administrativa.

A su entender, se trata de terrenos con un importante valor estratégico cuyo destino no debería quedar librado únicamente a una lógica de mercado.

"Estamos hablando de desprenderse de bienes del Estado para cubrir agujeros o, quizás, para hacer negocios inmobiliarios con amigos", sostuvo el legislador, quien remarcó que esta política "va absolutamente a contramano de lo que hacen los países desarrollados", donde la protección del territorio constituye una política de Estado.

Incluso recordó que en países como Estados Unidos existen fuertes restricciones para la adquisición de determinadas tierras por parte de extranjeros, mientras que en Argentina se impulsa exactamente el camino contrario.

"La tierra no se fabrica"

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue la defensa del territorio como un recurso irremplazable.

"La tierra es algo que no se produce. No vamos a tener más territorio. Vender nuestros campos, nuestros lagos o avanzar en la extranjerización de tierras es sumamente preocupante", expresó Lapadula.

En ese sentido, sostuvo que Tierra del Fuego, por su ubicación geopolítica y la gran cantidad de tierras fiscales que posee, debe adoptar una posición mucho más firme para preservar esos bienes.

La respuesta podría surgir desde los municipios

Aunque reconoció que la Nación posee facultades para disponer de su patrimonio, Lapadula consideró que tanto la Provincia como los municipios todavía cuentan con herramientas para limitar el tipo de desarrollos que puedan realizarse sobre esos inmuebles.

El legislador destacó especialmente el trabajo que actualmente desarrolla el Municipio de Río Grande en la elaboración de un nuevo ordenamiento territorial de largo plazo.

Según explicó, esa planificación urbana permitirá definir qué usos podrá tener cada sector de la ciudad durante las próximas décadas y podría transformarse en una herramienta para impedir grandes desarrollos inmobiliarios sobre los terrenos que la Nación pretende vender.

"No podemos impedir la venta, pero sí podemos regular qué uso se le dará a esos terrenos. Ese es un camino concreto para poner límites", sostuvo.

"¿Vender para qué?"

Lapadula también cuestionó la ausencia de un destino concreto para los recursos que obtendría el Estado nacional mediante estas operaciones.

A diferencia de otras decisiones patrimoniales que buscan financiar infraestructura o inversiones públicas, señaló que en este caso el Gobierno simplemente propone vender activos sin explicar cuál será el objetivo final de esos fondos.

"Cuando uno vende un bien debería existir una finalidad. Acá no hay ningún proyecto detrás. Es vender por vender", afirmó durante la entrevista.

Pidió una reacción política de toda la provincia

El legislador consideró que la Legislatura fueguina debería fijar una posición institucional frente a este proceso y reclamar tanto a diputados como senadores nacionales que defiendan los intereses de Tierra del Fuego.

Incluso planteó que, si el Gobierno nacional considera que esos inmuebles ya no son necesarios para su funcionamiento, deberían ser transferidos a la Provincia o a los municipios antes que salir a remate.

"Si la Nación quiere desprenderse de esos bienes, ¿por qué no pasarlos al patrimonio de la provincia o de los municipios? Son bienes de todos los argentinos y de los fueguinos", planteó.

Una advertencia sobre el futuro

Hacia el final de la entrevista, Lapadula advirtió que la lógica mercantil con la que, según su visión, actúa el Gobierno nacional podría alcanzar cualquier patrimonio estatal.

Como ejemplo mencionó la posibilidad hipotética de que algún día se intentara vender predios emblemáticos como los ocupados por el BIM 5 en Río Grande o espacios históricos de Ushuaia.

"Con este Gobierno todo parece posible. Ven al Estado como un enemigo y creen que debe desprenderse de todo lo que posee", concluyó.