El planteo vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que ya trascendió el plano administrativo y que hoy se encuentra judicializado: quién tiene la potestad para administrar, utilizar y decidir sobre los bienes e instalaciones del puerto fueguino.

La intimación generó sorpresa porque el inmueble en cuestión forma parte del patrimonio provincial, mientras que su ocupación responde a la decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tras la intervención dispuesta sobre el Puerto de Ushuaia a comienzos de este año. Desde el Gobierno fueguino sostienen que la medida constituye un nuevo avance sobre bienes cuya propiedad corresponde a la provincia y que forman parte del convenio de transferencia firmado en 1992.

Una disputa que no deja de profundizarse

El conflicto excede ampliamente el uso de un inmueble. Desde enero, Nación y Provincia mantienen una fuerte controversia institucional luego de que la Agencia Nacional de Puertos desplazara a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos e interviniera la administración de la terminal marítima de Ushuaia. La decisión fue rechazada por el Ejecutivo fueguino, que acudió a la Justicia Federal para reclamar la inconstitucionalidad de la medida y la restitución del control portuario.

En esa presentación judicial, la Provincia argumentó que el Puerto de Ushuaia fue transferido a Tierra del Fuego mediante el convenio Nación-Provincia de 1992, ratificado por ley, y que la intervención nacional vulnera la autonomía provincial, además de alterar el régimen federal previsto por la Constitución Nacional.

El trasfondo político

Mientras la causa continúa en la Justicia, el pedido de desalojo agrega un nuevo elemento a una relación cada vez más conflictiva entre ambas jurisdicciones.

Para distintos sectores vinculados a la actividad portuaria, el debate ya no se limita únicamente a la administración del puerto, sino que alcanza también la utilización de edificios, terrenos y recursos que históricamente estuvieron bajo la órbita provincial.

La discusión adquiere además una relevancia estratégica. El Puerto de Ushuaia constituye una de las principales puertas de ingreso del turismo antártico y de cruceros internacionales, además de ser un punto clave para la logística, el abastecimiento y el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

Un conflicto abierto

Con la judicialización aún en curso y sin una resolución definitiva sobre las competencias de cada jurisdicción, el nuevo pedido de desalojo aparece como otro capítulo de una disputa institucional que, lejos de encaminarse, continúa escalando.

Mientras la Nación sostiene que su intervención resulta necesaria para garantizar la administración portuaria, la Provincia insiste en que se trata de una avanzada sobre facultades que le corresponden constitucionalmente y reclama que se restituya plenamente la administración y el control del Puerto de Ushuaia.