Durante una entrevista en FM Provincia, Pauli afirmó que se enteró de las acusaciones a través de publicaciones en redes sociales y sostuvo que Araujo no se habría comunicado con integrantes de La Libertad Avanza ni con las actuales autoridades del organismo.

“No recibimos ninguna información. Me enteré por publicaciones en redes sociales”, señaló el diputado, quien aseguró desconocer si el proyecto para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados ya fue presentado formalmente.

La denuncia difundida por Araujo apunta al presunto pago de estudios y prácticas médicas que nunca se habrían realizado. Las sospechas alcanzan al funcionamiento del PAMI en Tierra del Fuego durante la gestión de Fernando Polici y contemplan prestaciones llamativas, como supuestos controles de fertilidad practicados a mujeres de alrededor de 80 años.

Pauli reconoció la gravedad de las acusaciones, pero consideró que el procedimiento elegido por Araujo no resulta serio.

“Quiero tomar la discusión con la seriedad con la que el diputado la plantea, pero me cuesta porque no es serio el procedimiento”, cuestionó.

El referente libertario también ironizó sobre la carpeta con documentación que Araujo aseguró tener en su poder y que sería presentada en el Congreso.

“Tiene una carpeta y la va mostrando de a poquito. ¿Está esperando los derechos de Netflix para hacer un documental? No entiendo el procedimiento que está llevando adelante”, lanzó Pauli.

Para el diputado fueguino, si existen elementos que permitan sospechar la comisión de un delito, la obligación es presentar inmediatamente una denuncia ante las autoridades correspondientes y entregar toda la documentación disponible.

“Uno no puede enterarse de una irregularidad y decir que va a armar una comisión. Primero hay que denunciar donde corresponde, con el procedimiento que corresponde”, remarcó.

Pauli sostuvo que, si las actuaciones ya se encuentran en manos de una Unidad Fiscal de Investigación, el caso estaría siendo analizado por el Ministerio Público Fiscal, un organismo independiente del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos.

En ese sentido, indicó que la intervención de una fiscalía sería el camino institucional adecuado para esclarecer si existieron pagos irregulares, falsificación de prestaciones o un posible desvío de recursos destinados a jubilados y pensionados.

“Si está ante una UFI, ya está en manos de quien tiene que estar. Ellos serán los que definan”, expresó, aunque aclaró que hasta el momento no vio documentación, números de expedientes ni constancias oficiales relacionadas con las acusaciones.

El diputado también afirmó que, según la información que posee, Araujo no habría mantenido reuniones con autoridades del PAMI ni con referentes de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego antes de hacer pública la denuncia.

“Conmigo no habló. Hasta donde sé, con gente del partido tampoco habló y con las autoridades del PAMI no habló”, aseguró.

Las sospechas difundidas por Araujo involucran al anterior responsable del organismo en la provincia, Fernando Polici, a quien vinculó políticamente con el senador libertario Agustín Coto. Pauli evitó responder sobre eventuales responsabilidades personales y reiteró que cualquier acusación debe sostenerse con pruebas y tramitarse por las vías legales.

El legislador no descartó que puedan existir irregularidades, pero acusó a Araujo de transformar una denuncia de extrema gravedad en un espectáculo mediático. También reclamó que toda la información sea puesta a disposición de la Justicia para determinar si hubo prestaciones médicas inexistentes pagadas con fondos públicos.

La controversia abre un nuevo frente político dentro de Tierra del Fuego. Mientras Araujo impulsa una investigación sobre el manejo de recursos destinados a los afiliados del PAMI, Pauli cuestiona la metodología utilizada y exige que se conozcan los expedientes, las denuncias y las pruebas que respaldarían las acusaciones.

El caso pone bajo la lupa la administración de fondos públicos destinados a la atención sanitaria de los jubilados fueguinos y podría derivar en actuaciones parlamentarias, administrativas y judiciales si se confirma la existencia de prestaciones facturadas que nunca fueron realizadas.