El funcionario explicó que el organismo interviene cuando existen presuntas fallas en el deber de seguridad de las entidades bancarias, aunque aclaró que la investigación penal de una estafa corresponde a la Justicia. "De diez reclamos que recibimos, tres están vinculados a presuntas estafas electrónicas", precisó.

Entre las maniobras más frecuentes mencionó la obtención de préstamos que las víctimas nunca solicitaron, cuyos fondos son transferidos rápidamente a otras cuentas. También señaló el crecimiento del phishing, una modalidad mediante la cual delincuentes obtienen datos personales a través de correos electrónicos falsos, enlaces fraudulentos o mensajes engañosos para acceder a cuentas bancarias y cometer fraudes.

Gamboa remarcó que los adultos mayores son el grupo más vulnerable, aunque aclaró que también existen denuncias de personas jóvenes. En muchos casos, explicó, los estafadores utilizan información personal obtenida en mercados ilegales para superar controles biométricos y gestionar créditos de manera fraudulenta.

El abogado sostuvo que Defensa del Consumidor ya logró sancionar a entidades bancarias y obtener indemnizaciones para algunos damnificados, debido a que los bancos tienen la obligación de proteger los fondos y la información de sus clientes. En varios expedientes, las entidades aceptaron las resoluciones administrativas, abonaron las multas correspondientes y compensaron económicamente a los consumidores afectados.

Además de las estafas digitales, Gamboa señaló que otro de los reclamos más habituales está relacionado con las demoras en la entrega de vehículos adquiridos mediante planes de ahorro, donde muchos compradores deben esperar semanas o incluso meses más allá de los plazos previstos.

Respecto del funcionamiento de las denuncias, explicó que el procedimiento administrativo no suele ser extenso, aunque los tiempos dependen en gran medida de la predisposición de las empresas para resolver los reclamos. Cuando no existe una solución voluntaria, el expediente continúa con audiencias, producción de pruebas y el dictado de una resolución administrativa.

Como ejemplo de la magnitud de estos casos, Gamboa reveló que han recibido denuncias de personas a las que les gestionaron préstamos por hasta 10 millones de pesos sin su autorización. En algunos expedientes las entidades financieras apelaron las sanciones, mientras que en otros aceptaron las multas e indemnizaron a las víctimas.