El referente de los policías retirados cuestionó que el Ejecutivo todavía no haya cumplido con las leyes provinciales 1627 y 1628, aprobadas por la Legislatura para ordenar la regularización de la deuda y garantizar el pago correspondiente.

“Ya pasaron más de 45 días y las leyes no se están cumpliendo. Llevamos 14 meses en esta situación”, sostuvo Gatti en FM Del Pueblo, quien consideró que las normas sancionadas por el Poder Legislativo no generaron, hasta el momento, una solución concreta para los afectados.

Según detalló, el sector realizó inicialmente un reclamo administrativo ante las autoridades de la Caja Compensadora. Desde el organismo argumentaron que la falta de liquidez y el desfinanciamiento impedían afrontar los pagos adeudados.

El planteo llegó posteriormente a la Justicia provincial. Sin embargo, Gatti explicó que la Cámara consideró que se trataba de una cuestión política que debía resolverse en ese ámbito. A partir de esa decisión, los retirados impulsaron la sanción de las dos leyes que obligan al Ejecutivo a regularizar los pagos.

“La Legislatura tuvo que sacar una nueva ley para que se cumpliera con la anterior, pero el Estado sigue incumpliendo”, cuestionó el suboficial mayor retirado.

Ante este escenario, el abogado que representa al sector comenzó a presentar una denuncia formal por el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo. Además, se preparan distintos procesos contencioso-administrativos en la provincia.

Gatti alertó que este tipo de procedimientos puede extenderse durante años, algo que calificó como “prácticamente una condena” para un colectivo compuesto mayoritariamente por personas mayores, muchas de ellas con enfermedades graves o patologías crónicas.

“Yo soy uno de los más jóvenes y tengo casi 60 años. Hay compañeros de más de 60, 70 y hasta 80 años que no pueden esperar durante años una respuesta judicial”, remarcó.

El referente confirmó que algunos expedientes serán elevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque reconoció que existe incertidumbre sobre los plazos y sobre la posibilidad de que el máximo tribunal atienda los reclamos.

La deuda salarial impacta directamente en la economía de las familias afectadas. De acuerdo con Gatti, los policías retirados están cobrando aproximadamente el 50% de los haberes que les corresponden, lo que los obliga a buscar distintas alternativas para afrontar sus gastos cotidianos.

A esta situación se sumaron los problemas con la cobertura médica. El entrevistado señaló que la obra social estuvo prácticamente paralizada durante casi dos años y que todavía existen inconvenientes para acceder a medicamentos destinados a tratamientos crónicos y enfermedades graves.

“Nos estamos reinventando para tratar de sobrellevar esta situación, pero ya no da para más. Llevamos 14 meses y cada vez parece que estamos más lejos de alcanzar una solución”, expresó.

Gatti también lanzó fuertes cuestionamientos contra el funcionamiento de las instituciones provinciales y planteó que los retirados agotaron todas las instancias administrativas, políticas y judiciales disponibles.

“Si denunciamos el incumplimiento de leyes provinciales, de convenios entre Nación y Provincia, de la Constitución provincial, de la Constitución Nacional y de tratados internacionales, y la Justicia mira para otro lado, ¿qué más podemos hacer?”, manifestó.

El sector espera ahora una intervención de los legisladores ante el incumplimiento de las leyes sancionadas y continuará con las acciones judiciales para exigir que el Gobierno provincial regularice la deuda salarial acumulada.