Por FM Centro, Selzer se refirió al dictamen elaborado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en el que se advierte sobre una situación estructural crítica en los establecimientos educativos de la provincia.
Aunque el documento no ingresó formalmente a la Legislatura, el parlamentario aseguró haber analizado su contenido y remarcó que allí se evidencia que el Ministerio de Educación actúa únicamente cuando se producen evacuaciones, suspensiones de clases o personas afectadas por fallas en los edificios.
“El Ministerio solamente reacciona cuando hay una evacuación o terminan chicos o docentes en el hospital”, señaló Selzer al describir el modelo de intervención de las autoridades educativas.
Como ejemplo, mencionó la situación de la Escuela N.º 24 de Ushuaia, donde la dirección habría advertido desde febrero sobre problemas vinculados con el gas y la evacuación de gases. Según relató, las notas fueron reiteradas durante marzo, pero el área técnica provincial sostuvo que no existían inconvenientes.
La situación cambió el 8 de mayo, cuando varios docentes debieron ser trasladados al Hospital Regional con síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono. Posteriormente, Camuzzi clausuró los artefactos y las clases quedaron suspendidas durante más de 40 días.
Selzer afirmó que la respuesta parcial enviada por el Ministerio de Educación a un pedido de informes legislativo revela que existen partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de las escuelas.
Según indicó, se proyectaron alrededor de $9.015 millones para infraestructura escolar, de los cuales aproximadamente $5.005 millones estarían destinados a modernizar los sistemas de calefacción y regularizar las instalaciones de gas.
“Dinero destinado a eso hay. Lo que falta es gestión, organización y un verdadero plan preventivo”, sostuvo.
El legislador explicó que las contrataciones informadas alcanzarían solamente a unos 20 establecimientos, pese a que la provincia cuenta con más del doble de edificios educativos. En ese sentido, reclamó que las revisiones de calefacción, gas e infraestructura se realicen en todas las escuelas y antes del inicio del ciclo lectivo.
“No se puede empezar a reparar a fines de febrero, cuando las clases están a la vuelta de la esquina. Los trabajos deben planificarse y realizarse durante el receso”, manifestó.
El representante de La Libertad Avanza recordó que la provincia contó durante varios años con una emergencia en infraestructura escolar, una herramienta que permitió agilizar contrataciones y reducir los tiempos administrativos.
Sin embargo, consideró que esa normativa no reemplazó la necesidad de establecer una planificación permanente para conservar los edificios.
También recordó que en 2022 se sancionó una ley específica de infraestructura escolar y que existen advertencias similares realizadas por la Fiscalía de Estado desde 2013.
“Las herramientas están, pero no se implementan. Este Gobierno lleva seis años y ya no puede decir que recién llegó o que se encontró con estos problemas”, cuestionó Selzer.
Además, denunció que dentro del Ejecutivo las distintas áreas se trasladan mutuamente las responsabilidades. “Educación le pasa la pelota a Obras Públicas y las áreas se echan la culpa entre sí, pero todas forman parte del mismo Gobierno”, expresó.
Para el legislador, el gobernador Gustavo Melella debe intervenir directamente y realizar los cambios necesarios para garantizar el funcionamiento del Ministerio de Educación.
Selzer confirmó que presentará un nuevo pedido de informes para conocer qué reparaciones se realizaron durante las vacaciones de invierno y por qué fue necesario extender el receso una semana más.
Consideró que la prolongación de las vacaciones demuestra que el Ministerio volvió a actuar tarde y sin una planificación previa.
“Si ya sabían que había reparaciones pendientes, deben explicar por qué no pudieron hacerlas en tiempo y forma, sin perjudicar las clases”, reclamó.
El legislador adelantó que, si las respuestas oficiales resultan insuficientes, solicitará la presencia del ministro de Educación ante la Comisión N.º 4 para que brinde explicaciones.
Respecto del envío de las actuaciones al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público Fiscal, Selzer evitó afirmar que existieron delitos, pero sostuvo que corresponde investigar si pudo haber incumplimientos u omisiones de los funcionarios responsables.
“Como se está gestionando, no se puede seguir. La Justicia tendrá que determinar si hubo algún delito, pero políticamente está claro que el sistema no funciona”, sentenció.