BUENOS AIRES.- la administración de Javier Mieli modificó la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La decisión fue adoptada luego de distintos episodios de agresiones y expresiones hostiles difundidas en redes sociales, especialmente durante el reciente Mundial de la FIFA.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan emitido mensajes de odio, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios o promovido cualquiera de esas conductas.
Además, el decreto modifica el artículo 63 de la Ley 25.871 para facultar a la autoridad migratoria a cancelar la residencia, intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo establecido o disponer su expulsión, según las circunstancias de cada caso.
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostiene que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia los inmigrantes, el Estado conserva la facultad de establecer las condiciones de admisión y permanencia para proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.
El texto oficial señala que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, por lo que considera necesario reforzar las herramientas legales para actuar frente a esas situaciones.
La norma aclara que las nuevas disposiciones no alcanzan al disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional. También señala que las restricciones se encuadran en los límites previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para los casos de apología del odio e incitación a la violencia.