En FM del Pueblo, Castillo sostuvo que los trabajadores se enteraron de la adjudicación a través de los medios de comunicación y criticó la falta de información directa por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

“Nos enteramos por una gacetilla, igual que el resto de la comunidad. No informan cómo fue el proceso licitatorio, qué empresas quedaron afuera ni por qué ganó la adjudicataria”, afirmó.

La obra anunciada contempla una inversión superior a los 2,5 millones de dólares para retirar las defensas actuales, instalar 75 nuevas y calibrar el sistema del muelle. Según Castillo, el monto adjudicado estaría muy por encima del cálculo inicial realizado por el propio organismo nacional.

El trabajador portuario también puso en duda las características técnicas del proyecto y señaló que, de acuerdo con los informes analizados por el sector, se instalarían defensas del mismo tipo en toda la extensión del muelle.

“El puerto recibe buques de distintos tamaños y con diferentes impactos de atraque. No se puede uniformar todo sin tener en cuenta esas diferencias”, expresó.

Castillo rechazó además la versión oficial que atribuye la posibilidad de realizar las obras al ahorro generado por la reducción de la planta de trabajadores. Aseguró que el personal desplazado estaría siendo reemplazado mediante contrataciones externas de personas y empresas para cumplir tareas similares.

“Dicen que optimizaron los recursos desplazando al 80% de los trabajadores, pero siguen contratando gente para realizar los trabajos que hacían quienes quedaron afuera”, denunció.

También cuestionó la falta de respuestas judiciales ante las presentaciones realizadas contra la intervención nacional y advirtió que el avance de las obras podría generar una situación difícil de revertir.

“Una vez que la empresa está contratada, la obra comienza y el dinero se paga, después es muy complicado frenar el daño”, remarcó.

Castillo aseguró que los trabajadores continuarán reclamando transparencia sobre las licitaciones, las contrataciones y el destino de los recursos del Puerto de Ushuaia, al considerar que se encuentra en juego un patrimonio estratégico de todos los fueguinos.