En declaraciones a FM Aire Libre, Silva señaló que la cantidad de inscriptos aumentó considerablemente desde 2020, cuando el número se encontraba por debajo de las cien personas. Según indicó, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades económicas contribuyeron al incremento de las deudas alimentarias, aunque aclaró que existen casos de incumplimientos que comenzaron mucho antes de la crisis actual.

La Ley Provincial N.º 531 establece que una persona puede ingresar al registro cuando adeuda tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas dentro de un período de 24 meses. Para concretar la inscripción es necesaria una orden judicial, que puede ser solicitada por la parte afectada o dispuesta directamente por el juzgado.

Entre las excusas más frecuentes de quienes incumplen aparecen la falta de trabajo, la imposibilidad económica y los conflictos relacionados con el contacto con sus hijos. Sin embargo, el abogado remarcó que la obligación alimentaria es independiente del régimen de comunicación o de las diferencias existentes entre los adultos.

Silva destacó la importancia de iniciar formalmente el reclamo mediante una carta documento, una mediación o una presentación judicial. La cuota alimentaria comienza a ser exigible desde el momento en que se realiza el reclamo y no se aplica de manera retroactiva, por lo que recomendó no postergar el inicio de las acciones legales.

La incorporación al registro provincial genera distintas restricciones. Los deudores pueden quedar imposibilitados de ocupar determinados cargos públicos, ejercer funciones superiores en organismos autárquicos, ser magistrados, obtener créditos o abrir cuentas corrientes en el Banco de Tierra del Fuego y convertirse en contratistas o proveedores del Estado.

Además, los abogados pueden solicitar otras medidas para lograr el cumplimiento de la obligación, como la prohibición de salir del país o de la provincia, restricciones para ingresar a espectáculos deportivos y obstáculos para renovar la licencia de conducir, dependiendo de cada caso y de la decisión judicial.

El especialista explicó que los procesos alimentarios suelen extenderse porque, una vez establecida la cuota por un juez, debe iniciarse una nueva instancia de ejecución cuando el obligado no cumple con la sentencia.

Silva también manifestó su preocupación por el aumento de la conflictividad dentro de las familias y las crecientes dificultades para cubrir las necesidades básicas de niños y adolescentes. En este escenario, remarcó que la cuota alimentaria constituye un derecho de los menores y no una herramienta de negociación entre los progenitores.