La investigación sobre el presunto fraude al PAMI en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo y esta vez las acusaciones apuntan directamente contra el centro médico MEDICI de Río Grande y contra quienes tenían la responsabilidad de controlar el destino de los fondos públicos destinados a la atención de los jubilados.

El médico gastroenterólogo Carlos Mariño decidió romper el silencio y reconstruyó públicamente el recorrido de una denuncia que, según afirma, comenzó en febrero de 2025 y que, pese a múltiples advertencias, reuniones con autoridades, auditorías y presentaciones formales, nunca fue frenada.

Según relató, todo comenzó cuando el entonces auditor local del PAMI, Juan Silvente, lo contactó para comunicarle que dejarían de autorizar órdenes correspondientes a estudios de biofeedback anorrectal que figuraban emitidos desde el módulo de gastroenterología que él coordinaba.

La respuesta del especialista fue inmediata.

"Yo no realizo esos estudios porque en Río Grande no existe el equipamiento necesario, no tengo la capacitación para hacerlos y esa práctica nunca se realizó en nuestro servicio", sostuvo.

Esa explicación abrió una serie de interrogantes que, lejos de disiparse, terminaron exponiendo lo que Mariño considera un esquema sistemático de facturación de prestaciones inexistentes.

El gastroenterólogo aseguró que consultó directamente al director médico de MEDICI, Rolando Sosa, para conocer quién realizaba esos estudios y con qué equipamiento. Posteriormente envió una carta documento solicitando una respuesta formal.

La contestación, según explicó, resultó todavía más llamativa.

Sosa habría reconocido por escrito que esos procedimientos no correspondían al servicio de gastroenterología y que eran realizados por profesionales del área de urología. Sin embargo, Mariño sostiene que distintas inspecciones sanitarias dejaron asentado que el establecimiento tampoco contaba con el equipamiento indispensable para realizar ese tipo de prácticas.

A pesar de ello, asegura que las órdenes continuaron emitiéndose y facturándose al PAMI incluso durante julio de este año.

Para el denunciante, esa contradicción constituye una prueba clave de un mecanismo mediante el cual se habrían cobrado estudios que nunca pudieron realizarse.

Pero las sospechas no terminan allí.

Mariño sostuvo que durante la revisión de la documentación también aparecieron órdenes para estudios de fertilidad solicitados a mujeres de más de 60 años, pacientes con cáncer de útero e incluso pedidos incompatibles desde el punto de vista médico, como la indicación simultánea de estudios para lograr un embarazo junto con la colocación de un dispositivo intrauterino para evitarlo.

"Hay órdenes que ningún profesional podría justificar médicamente. Son prácticas imposibles", aseguró.

El médico afirmó que durante meses intentó que la situación fuera investigada dentro del propio organismo.

Según su relato, entre marzo y octubre de 2025 mantuvo alrededor de quince reuniones con el entonces director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego, Fernando Polici.

En esos encuentros, aseguró, inicialmente le reconocieron que las irregularidades debían auditarse. Sin embargo, con el paso de los meses las respuestas cambiaron.

"Me dijeron que era mejor manejar el tema de manera interna y que no se hiciera público porque estábamos en época de elecciones", afirmó.

Lejos de conformarse, presentó cartas documento, denuncias administrativas, aportó documentación ante la Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI y continuó reuniendo pruebas. Sin embargo, sostiene que nunca obtuvo respuestas concretas y que el prestador continuó trabajando normalmente para la obra social.

Uno de los momentos más fuertes de su relato llegó al describir la actitud que, según asegura, encontró cada vez que intentó obtener explicaciones del director médico de MEDICI.

"A mí nadie me toca", afirmó Mariño que fue la respuesta que recibió de Rolando Sosa cuando insistía con sus cuestionamientos.

Para el gastroenterólogo, esa frase resume el nivel de impunidad con el que, según denuncia, funcionó durante meses el mecanismo de facturación.

"Siguen haciendo exactamente lo mismo", insistió, al asegurar que existen órdenes emitidas hasta julio de este año por prestaciones que el propio centro médico reconoció no estar en condiciones de realizar.

Respecto del perjuicio económico ocasionado, Mariño evitó aventurar una cifra definitiva, aunque sostuvo que el daño ya es "incalculable". Explicó que el biofeedback anorrectal representa solo una parte de las prestaciones observadas y que, al sumar las distintas prácticas cuestionadas, el monto comprometido supera ampliamente el millón de pesos y podría ser considerablemente mayor.

El profesional confirmó además que en los próximos días presentará nuevas pruebas junto al diputado nacional Jorge "Coki" Araujo, quien impulsa una investigación sobre el funcionamiento del PAMI en Tierra del Fuego.

La documentación buscará determinar si existió un esquema organizado de órdenes médicas apócrifas, prestaciones nunca realizadas pero igualmente cobradas y posibles responsabilidades tanto de los prestadores privados como de los funcionarios encargados de autorizar, controlar y auditar esos pagos.

Si las denuncias logran acreditarse en sede judicial, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en el PAMI fueguino, al involucrar recursos públicos destinados a la atención médica de miles de jubilados y pensionados de la provincia.