En una nueva muestra de las dificultades que enfrenta el Gobierno para construir mayorías legislativas, la administración de Javier Milei debió dar marcha atrás con uno de los artículos más controvertidos de su paquete de reformas y retiró la propuesta que ampliaba significativamente la posibilidad de vender tierras rurales argentinas a extranjeros.

La decisión llegó apenas horas antes de una sesión clave en el Senado, donde el oficialismo advertía que no contaba con los votos suficientes para sostener el proyecto frente al rechazo de gobernadores, bloques provinciales e incluso sectores considerados aliados de la Casa Rosada.

Una derrota política antes de la votación

El proyecto original buscaba modificar de manera profunda el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales, elevando el porcentaje permitido de tierras en manos extranjeras y flexibilizando las restricciones existentes.

Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte resistencia política y social, especialmente en provincias con importantes recursos naturales y extensas áreas rurales, donde distintos gobernadores advirtieron sobre los riesgos para la soberanía territorial y el control de zonas estratégicas.

Ante ese escenario, el Gobierno optó por retirar el punto más conflictivo para evitar sufrir una derrota parlamentaria que hubiera debilitado aún más su estrategia legislativa.

Los gobernadores marcaron el límite

La presión de los mandatarios provinciales resultó determinante.

Incluso dirigentes que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo hicieron saber que no estaban dispuestos a respaldar una flexibilización que pudiera favorecer la concentración de tierras en manos extranjeras.

El mensaje político fue claro: existen temas vinculados con los recursos naturales, el federalismo y la soberanía territorial donde las provincias no están dispuestas a ceder.

La Casa Rosada terminó aceptando esa realidad y decidió modificar el dictamen antes de que comenzara el debate.

Un proyecto que generó fuerte controversia

La discusión sobre la venta de tierras rurales se convirtió en uno de los ejes más sensibles del proyecto oficial.

Diversos especialistas advirtieron que una mayor apertura podía favorecer la adquisición de grandes extensiones ubicadas en zonas de frontera, áreas con reservas de agua dulce, recursos minerales, bosques y corredores logísticos considerados estratégicos para el país.

Desde el Gobierno sostienen que flexibilizar el régimen permitiría atraer inversiones y dinamizar economías regionales, mientras que los sectores críticos afirman que la medida compromete la capacidad del Estado para preservar activos estratégicos.

Otro traspié para la Casa Rosada

El retroceso representa un nuevo revés político para Javier Milei en el Congreso.

En las últimas semanas, el oficialismo ya había debido modificar otras iniciativas para intentar conseguir respaldo legislativo, evidenciando las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para avanzar con reformas estructurales sin acuerdos amplios.

La marcha atrás con la cuestión de las tierras rurales refleja que, aun con aliados circunstanciales, el Gobierno continúa encontrando límites cuando sus proyectos afectan intereses provinciales sensibles.

La sesión del Senado continuará con el tratamiento del resto del proyecto, aunque el oficialismo llega obligado a negociar artículo por artículo para evitar nuevas derrotas parlamentarias, en un escenario donde el equilibrio político sigue siendo extremadamente ajustado.