Durante una entrevista con FM Centro, el letrado apuntó directamente contra la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y el gobernador Gustavo Melella.

“Es mentira lo que dice la ministra, como fue mentira lo que dijo Melella en su momento, cuando aseguraba que estaban reincorporados los 260 trabajadores”, expresó Giménez.

El abogado recordó que desde el Gobierno se mencionaron distintas cantidades de trabajadores reincorporados, que fueron variando con el paso de las semanas. Según señaló, primero se habló de 260 empleados, luego de 170 y, en otros ámbitos, incluso se llegó a mencionar una dotación de 500 personas.

“La ministra sigue mintiendo descaradamente y jugando con las expectativas de trabajadores que están esperando que los llamen, tal como les prometieron”, manifestó.

Giménez sostuvo que solo unas 60 personas se encuentran actualmente dentro del yacimiento y advirtió que tampoco contarían con las herramientas, los vehículos ni los equipos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la explotación.

“No hay herramientas, equipos, automotores, camiones ni grúas. Si algo se rompe, no se arregla. Los pozos se están parando y la presión del gas está bajando”, denunció.

En ese contexto, relacionó el deterioro de la actividad hidrocarburífera con los cortes de energía registrados durante los últimos días en Río Grande. Según indicó, la menor inyección de gas estaría afectando el abastecimiento requerido para el funcionamiento del sistema energético.

“No es casualidad que en Río Grande empecemos a tener cortes de energía que antes no teníamos. Esto es consecuencia de lo que está pasando en los yacimientos”, afirmó.

Demandas por miles de millones

El abogado también se refirió a las demandas laborales iniciadas por trabajadores despedidos contra las contratistas, YPF, Velitec y Terra Ignis. De acuerdo con sus estimaciones, una sola de las empresas involucradas enfrenta reclamos cercanos a los $7.000 millones, correspondientes a unos 80 trabajadores.

El monto representaría alrededor de 5 millones de dólares, aunque Giménez aclaró que no se trataría del único reclamo que podría presentarse como consecuencia de la salida de las contratistas y la falta de pago de indemnizaciones.

“Es un monto estimado y consolidado según las demandas. Y no son los únicos reclamos que van a aparecer”, advirtió.

Giménez explicó que Terra Ignis podría terminar respondiendo económicamente por parte de esas demandas debido a una cláusula de indemnidad firmada con YPF durante el traspaso de la explotación.

Según detalló, esa cláusula establecería que, ante una eventual deuda laboral, comercial, ambiental o de daños vinculada con la gestión anterior, YPF podría afrontar el pago y luego reclamarle el dinero a la empresa provincial.

“Si YPF paga esos cinco millones de dólares, Terra Ignis tendrá que devolvérselos. Y Terra Ignis es capital de todos los ciudadanos de Tierra del Fuego”, remarcó.

Deudas con las pymes

El abogado afirmó además que Velitec mantiene importantes deudas con las empresas contratistas que prestaban servicios en los yacimientos. Estimó que las facturas impagas alcanzarían los $4.000 millones, equivalentes a unos 3 millones de dólares.

“Velitec no le pagó absolutamente a nadie. Son miles de millones de pesos que se les deben a las contratistas”, sostuvo.

Para Giménez, la empresa estaría utilizando esa falta de pago como una forma de financiamiento, trasladando el costo de la operación a las pequeñas y medianas empresas fueguinas.

“Se están financiando con las pymes. Dejan atrás una factura de tres millones de dólares y con ese dinero van tirando hasta cuando puedan. Yo no creo que esto llegue a diciembre”, lanzó.

El letrado describió una situación crítica para las empresas locales, algunas de las cuales tuvieron que comenzar a vender vehículos, topadoras y maquinarias para afrontar sus compromisos con los trabajadores.

Críticas al silencio político

Giménez también cuestionó la falta de reacción de la dirigencia política provincial ante la reducción de puestos de trabajo, las deudas acumuladas y el deterioro de la actividad petrolera.

“Es absolutamente trágico lo que pasó en Río Grande. No solo por las fuentes de empleo, sino porque estamos hablando de recursos estratégicos de Tierra del Fuego”, manifestó.

El abogado comparó la situación provincial con las inversiones anunciadas por Chile para la exploración de petróleo y gas en la misma cuenca hidrocarburífera y lamentó que el tema no ocupe un lugar central en la agenda política fueguina.

También apuntó contra dirigentes que inicialmente cuestionaron el traspaso de las áreas y reclamaron conocer los contratos, pero que luego dejaron de pronunciarse públicamente.

“Hace una semana estaban todos los días gritando, pidiendo contratos y hablando de soberanía energética. Después no hablaron más. Son silencios estruendosos”, expresó.

Giménez sostuvo que, si una situación similar hubiese ocurrido bajo la operación directa de YPF o dentro de una empresa electrónica, las repercusiones políticas y sindicales habrían sido mucho mayores.

“Si YPF hubiese despedido a 260 trabajadores, reincorporándolos a cuentagotas y sin pagarles a las contratistas, hoy sería un escándalo. Lo atípico es que el panorama esté tan tranquilo frente a lo que está pasando”, afirmó.

Por último, remarcó que numerosos trabajadores llevan meses sin percibir ingresos y atraviesan graves dificultades económicas, luego de haber quedado fuera de la actividad de manera repentina.

“Hay gente que no tiene para comer, trabajadores endeudados y familias que tuvieron que traer de regreso a sus hijos que estudiaban en el norte. De un día para el otro dejaron de cobrar y nadie les dio tiempo para prepararse”, denunció Giménez.