RÍO GRANDE.- La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) calificó como "total" el paro y la movilización realizados este miércoles en Río Grande, en el marco del plan de lucha que mantiene el gremio para reclamar medidas de protección para la industria fueguina y preservar las fuentes laborales.
El secretario adjunto de la seccional Río Grande, Marcos Linares, aseguró que la protesta registró un 100 % de adhesión y sostuvo que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional afectan de manera directa al entramado productivo de Tierra del Fuego.
El dirigente advirtió que la defensa de la industria no debe quedar únicamente en manos del sector metalúrgico e instó a toda la dirigencia política y a la sociedad fueguina a involucrarse en el reclamo.
En ese sentido, recordó que el sindicato entregó una propuesta a intendentes, al gobernador, legisladores, concejales, diputados y senadores nacionales para conformar un espacio de trabajo conjunto destinado a proteger el empleo y la producción en la provincia.
Linares afirmó que la organización gremial se encuentra dispuesta a participar de cualquier convocatoria institucional orientada a definir acciones en defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo.
Por otra parte, confirmó que la UOM continúa en estado de asamblea permanente en las fábricas y en sesión permanente del Congreso de Delegadas y Delegados para definir los próximos pasos del plan de lucha.
El dirigente también cuestionó una propuesta impulsada por las cámaras empresarias AFARTE y UIF vinculada con modificaciones en los procesos productivos. Según indicó, el gremio otorgó un plazo de 72 horas para que esa iniciativa sea retirada.
De acuerdo con el análisis técnico realizado por la organización sindical, la propuesta permitiría mantener la producción de equipos de aire acondicionado, pero pondría en riesgo alrededor del 57 % de los puestos de trabajo actualmente vinculados a esa actividad.
Frente a ese escenario, la conducción de la UOM ratificó que continuará impulsando medidas gremiales y gestiones políticas para impedir cambios que, a su entender, comprometan el empleo industrial en Tierra del Fuego.