El Senado debate una de las reformas más importantes en materia de propiedad privada de los últimos años. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional modifica normas del Código Civil y Comercial y del Código Procesal para agilizar la recuperación de inmuebles y reducir los tiempos que hoy demandan los juicios de desalojo.

La iniciativa forma parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un paquete de reformas que también incluye cambios en materia de expropiaciones, manejo del fuego y registro de la propiedad, aunque el aspecto que concentra mayor atención es el nuevo régimen para los desalojos de inquilinos morosos y ocupantes ilegales.

Qué cambia para los inquilinos

Uno de los cambios centrales es el procedimiento para los casos de falta de pago del alquiler.

Actualmente, los procesos judiciales pueden extenderse durante muchos meses e incluso años. Con la reforma, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para ponerse al día.

Si transcurrido ese plazo el incumplimiento continúa, podrá iniciar un juicio de desalojo por una vía sumarísima, un procedimiento judicial mucho más rápido que el actual. El proyecto original contemplaba apenas tres días para regularizar la deuda, pero ese plazo fue ampliado durante la negociación parlamentaria.

Cómo funcionarían los desalojos exprés

La iniciativa también incorpora un mecanismo para acelerar la restitución de inmuebles cuando existan ocupaciones consideradas ilegítimas.

En esos casos, el juez podrá ordenar una restitución anticipada si el propietario acredita de manera suficiente su derecho sobre el inmueble, manteniéndose el control judicial del procedimiento.

Además, el proyecto otorga mayores facultades al oficial de Justicia para ejecutar el lanzamiento, incluyendo la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública cuando resulte necesario para cumplir la orden judicial.

Qué busca el Gobierno

El oficialismo sostiene que los actuales procesos de desalojo generan incertidumbre jurídica y desalientan a muchos propietarios a ofrecer viviendas en alquiler.

Según esa visión, contar con procedimientos más rápidos reduciría el riesgo para quienes alquilan sus inmuebles y podría incentivar una mayor oferta de propiedades, contribuyendo a un mercado más dinámico.

Las críticas al proyecto

Del otro lado, organizaciones que representan a inquilinos y distintos sectores sociales advierten que la reforma podría profundizar la vulnerabilidad habitacional en un contexto de creciente endeudamiento de las familias y dificultades para afrontar el pago de los alquileres.

Entre las principales objeciones sostienen que un procedimiento abreviado podría reducir los márgenes para que los inquilinos regularicen su situación económica antes de enfrentar un desalojo, especialmente en un escenario de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la morosidad.

Un debate que trasciende a propietarios e inquilinos

El proyecto reabre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre dos derechos que suelen entrar en tensión: la protección de la propiedad privada y el acceso a una vivienda.

Para el Gobierno, agilizar los desalojos fortalece la seguridad jurídica y genera mejores condiciones para el mercado inmobiliario.

Para quienes cuestionan la iniciativa, el desafío consiste en garantizar ese derecho sin profundizar las dificultades que enfrentan miles de familias para sostener un alquiler en un contexto económico complejo.

Si el Senado aprueba la iniciativa, Argentina incorporará un régimen de desalojos considerablemente más rápido que el vigente, modificando de manera significativa la relación entre propietarios e inquilinos y marcando un nuevo capítulo en la política habitacional impulsada por el Gobierno nacional.