La última sesión del Senado dejó algo más que una votación adversa para el Gobierno de Javier Milei: dejó expuesta una dificultad política que comienza a repetirse y que puede convertirse en uno de los principales problemas de la Casa Rosada de cara a los próximos meses.

El oficialismo llegó a la Cámara Alta con la intención de avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda, pero terminó obligado a modificar sustancialmente sus pretensiones para conseguir una mayoría que le permitiera avanzar.

El resultado fue una señal política contundente.

La Libertad Avanza no tiene los números para imponer por sí sola su agenda en el Senado y, cada vez más, depende de acuerdos con sectores que hasta ahora funcionaron como aliados circunstanciales. La diferencia es que esos sectores parecen comenzar a mostrar que su acompañamiento tiene límites.

La propia trayectoria parlamentaria del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada refleja esa dificultad. El Senado había postergado su tratamiento en julio y finalmente el Gobierno tuvo que retirar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros antes de la sesión del 6 de agosto, ante la falta de consenso suficiente.

Y durante el debate también terminó fuera del texto otro capítulo sensible, referido al cambio de uso del suelo después de incendios.

El proyecto consiguió media sanción, pero con 37 votos a favor y 33 en contra. Es decir: el Gobierno obtuvo una victoria parlamentaria formal, pero después de resignar dos de los puntos más controversiales de su iniciativa.

El problema no es solamente una ley

El dato político más importante no está necesariamente en el resultado de una votación puntual.

Está en la dificultad creciente del Gobierno para construir mayorías estables.

Desde el comienzo de la gestión, Milei tuvo que recurrir a acuerdos con sectores de la oposición dialoguista, gobernadores y bloques provinciales para conseguir quórum y aprobar sus principales iniciativas.

Pero ese esquema parece estar entrando en una nueva etapa.

Los aliados circunstanciales ya no necesariamente acompañan todos los capítulos de los proyectos oficiales. Y cuando una iniciativa genera resistencia en sus provincias, esos senadores empiezan a tomar distancia de las posiciones de la Casa Rosada.

La discusión por las tierras es un ejemplo particularmente significativo.

El Gobierno sostuvo durante meses su intención de modificar las restricciones vigentes para la propiedad extranjera de tierras rurales. Sin embargo, frente al riesgo de una derrota parlamentaria, terminó eliminando ese capítulo antes de la sesión.

No fue solamente una modificación técnica.

Fue una decisión política.

El peronismo recupera aire

En este escenario, el peronismo encontró una oportunidad para recuperar iniciativa dentro del Senado.

Después de varios meses en los que el Gobierno consiguió imponer buena parte de su agenda mediante acuerdos con sectores opositores, la oposición comenzó a encontrar un punto de convergencia: poner límites a los proyectos que consideran incompatibles con la defensa de los recursos estratégicos, el territorio y determinadas funciones del Estado.

La nueva fotografía del Senado muestra que el oficialismo continúa siendo una fuerza relevante, pero está lejos de controlar la Cámara.

La Libertad Avanza es una segunda minoría en el Senado, mientras que el bloque peronista conserva una representación superior.

Eso obliga al Gobierno a negociar.

Y negociar significa aceptar modificaciones, ceder posiciones y, en algunos casos, retirar capítulos completos de sus propios proyectos.

Bullrich, frente a una tarea cada vez más compleja

La situación también representa un desafío para Patricia Bullrich, quien conduce el bloque oficialista en la Cámara Alta.

La tarea de construir consensos se vuelve cada vez más compleja cuando los senadores que fueron aliados del Gobierno comienzan a priorizar los intereses políticos de sus provincias.

El episodio de las tierras dejó una señal concreta: el oficialismo puede presentar un proyecto, conseguir dictamen e incluso construir una mayoría inicial, pero eso no garantiza que pueda sostener todos sus artículos cuando llega la hora de la votación.

El Senado funciona, en este sentido, como un límite institucional a la pretensión de avanzar con la agenda libertaria sin modificaciones.

Y esa realidad puede adquirir todavía mayor peso cuando comiencen a discutirse otros proyectos sensibles.

Gobernadores y senadores empiezan a jugar su propio partido

Detrás de cada votación aparece además una cuestión que trasciende al Congreso: el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Los senadores representan a sus provincias y muchos de ellos pertenecen a espacios políticos que necesitan mantener autonomía frente al Gobierno nacional.

Eso explica por qué el oficialismo puede encontrar acompañamiento en determinadas iniciativas y perderlo en otras.

El mensaje que empieza a aparecer es claro: acompañar al Gobierno no significa necesariamente darle un cheque en blanco.

La votación sobre la propiedad privada y las tierras rurales constituye una muestra de ese nuevo escenario.

Una derrota que puede ser más política que legislativa

La Casa Rosada puede argumentar que consiguió la media sanción del proyecto.

Y formalmente es cierto.

Pero políticamente el resultado deja otra lectura.

El Gobierno tuvo que eliminar primero el capítulo que permitía ampliar fuertemente la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales y luego resignar otro apartado durante el debate para conseguir los votos necesarios.

En otras palabras, para evitar una derrota parlamentaria mayor, el oficialismo tuvo que ceder.

Y cuando un Gobierno que construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de no negociar sus principios empieza a modificar sus proyectos para conseguir votos, la lectura política resulta inevitable.

El Senado está dejando de ser un territorio donde La Libertad Avanza simplemente busca votos.

Se está convirtiendo en el lugar donde otros actores comienzan a poner condiciones.

El próximo desafío será mucho más grande

El Gobierno todavía tiene capacidad de iniciativa y conserva herramientas políticas importantes.

Pero el escenario parlamentario cambió.

La oposición encontró un punto desde el cual puede bloquear o modificar iniciativas oficiales, mientras que los gobernadores y los bloques provinciales empiezan a mostrar mayor autonomía.

Para el peronismo, la situación representa una oportunidad para recuperar centralidad política después de meses de retroceso y fragmentación.

Para Milei, en cambio, representa una advertencia.

La gestión puede conservar el poder de iniciativa desde la Casa Rosada, pero necesita construir mayorías en un Congreso donde cada vez resulta más difícil conseguirlas.

Y el Senado acaba de demostrar que, cuando los números no alcanzan, incluso los proyectos considerados prioritarios por el Gobierno pueden terminar modificados, recortados o directamente frenados.

La batalla parlamentaria, lejos de terminar, recién comienza.