En declaraciones a FM Provincia, Hernández señaló que una de las denuncias corresponde a un club de fútbol local cuyos jugadores, de entre 14 y 15 años, tenían previsto viajar a Mendoza para disputar un torneo el próximo 22 de agosto.

“Se quedó con el dinero de todos los chicos”, afirmó el abogado, quien precisó que solamente en ese caso la suma comprometida ronda los 10 millones de pesos. El grupo todavía no tendría resuelto cómo concretar el viaje.

El letrado sostuvo que, además de este episodio, numerosas personas comenzaron a comunicarse denunciando situaciones similares. Como ejemplo, mencionó el caso de una pareja que habría entregado alrededor de 5.000 dólares para contratar sus vacaciones y que tampoco habría recibido los servicios acordados.

Hernández explicó que ya existe otra causa iniciada durante julio y que, a partir de aquella denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento. Según relató, la investigación permitió intervenir cuando presuntamente se estaba produciendo un desmantelamiento de la oficina y una eventual salida de la ciudad.

“Gracias a que una persona se tomó el trabajo de denunciar, se pudo llegar a un allanamiento y frenar lo que era prácticamente una huida de la ciudad”, sostuvo.

También hizo referencia a casos en los que los damnificados habrían recibido comprobantes de transferencias apócrifos como supuesta devolución del dinero. Para Hernández, estos elementos permiten comenzar a reconstruir un mecanismo que excedería un simple incumplimiento comercial.

El abogado remarcó que uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si existió desde el comienzo un ardid o engaño destinado a convencer a las víctimas de entregar su dinero, aspecto indispensable para configurar penalmente una posible estafa o defraudación.

“Acá los convencieron. Hubo reuniones de padres, les ofrecieron un viaje, les vendieron una imagen de responsabilidad y cumplimiento y les fueron pidiendo el dinero”, describió.

Según Hernández, inicialmente habrían comenzado a detectarse incumplimientos parciales: pasajeros que llegaban al aeropuerto y descubrían que faltaban pasajes, servicios contratados que no estaban disponibles o prestaciones que debían pagarse nuevamente a último momento. Con el paso del tiempo, la situación habría escalado hasta casos en los que no existían pasajes ni reservas y tampoco aparecía el dinero entregado.

Además, adelantó que podrían sumarse denuncias relacionadas con otros grupos deportivos, incluyendo personas vinculadas al hockey y al rugby, entre otras actividades.

“Esto recién empieza”, advirtió Hernández, quien consideró fundamental que todos aquellos que se consideren damnificados se presenten ante la Justicia para aportar documentación, transferencias, conversaciones y comprobantes.

Uno de los datos más fuertes aportados durante la entrevista fue la estimación económica global. “Hay un cálculo más o menos aproximado de 200 millones de pesos”, aseguró el abogado al referirse al posible alcance de las operaciones investigadas.

Hernández comparó el funcionamiento que se intenta establecer con una suerte de circuito en el que el dinero recibido de nuevos clientes podría haber sido utilizado para cubrir compromisos anteriores, hasta que el sistema dejó de sostenerse.

La presentación judicial de este lunes buscará que el caso sea investigado como estafa o defraudación y no quede reducido a una controversia contractual o civil.

El abogado aseguró que existen elementos importantes para avanzar y puso el foco en las transferencias realizadas, los servicios prometidos, las conversaciones mantenidas con los clientes y los viajes que nunca se concretaron.

La causa podría crecer considerablemente durante los próximos días a medida que aparezcan nuevos damnificados y se incorporen nuevas denuncias a la investigación judicial.