En declaraciones a FM Provincia, Villegas sostuvo que la comisión continúa en plena etapa de recopilación de documentación, testimonios y antecedentes para determinar qué ocurrió, quiénes participaron y qué decisiones permitieron o facilitaron la instalación del radar de LeoLabs en la estancia El Relincho.

Consultado directamente sobre la posibilidad de citar al mandatario provincial, respondió: “Es una posibilidad. Hay que ver si resulta necesario y conveniente en aras del objetivo que tiene la comisión y si existe la voluntad legislativa al respecto”.

En ese sentido, dejó en claro que no pretende poner límites de antemano a las convocatorias. “Si el gobernador tiene que venir y dar explicaciones y rendir cuentas, y esa es la decisión que toma la mayoría de los legisladores que integran la comisión investigadora, bienvenido sea”, afirmó.

Villegas remarcó que todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas durante su gestión, especialmente cuando se encuentra bajo análisis un asunto de relevancia institucional como la instalación del radar.

La comisión también resolvió avanzar con las convocatorias del exsenador nacional Pablo Blanco, el intendente de Tolhuin Daniel Harrington y autoridades de la Dirección Provincial de Energía (DPE). Sobre este último organismo, Villegas manifestó su preocupación porque todavía no habría remitido toda la documentación solicitada.

“Me llama poderosamente la atención que sea uno de los pocos organismos que no entrega la documentación”, señaló, y advirtió que proporcionar esa información “no es una cuestión de buena voluntad”, sino una obligación.

Uno de los puntos que busca esclarecer la comisión es la intervención de funcionarios y exfuncionarios de la DPE en la habilitación del suministro eléctrico para el lugar donde fue instalado el radar.

Además, Villegas anticipó que pretende incorporar testimonios de autoridades nacionales que tuvieron participación en las autorizaciones otorgadas a la empresa, entre ellos el exministro de Defensa y excanciller Jorge Taiana, el general Juan Martín Paleo y otros funcionarios nacionales que intervinieron en los permisos precarios concedidos para el funcionamiento del sistema.

El legislador también planteó la necesidad de establecer técnicamente si el radar continúa funcionando, incluso ante la posibilidad de que pueda operar mediante equipos generadores. Recordó que existe documentación del Ministerio de Defensa que advierte sobre la capacidad de uso dual —civil y militar— del equipamiento.

Por ese motivo, la comisión podría recurrir a organismos nacionales especializados, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para obtener una evaluación técnica independiente.

Villegas, sin embargo, pidió evitar acusaciones anticipadas mientras continúa la recolección de pruebas. “Hay que sentar el culo en la silla, estudiar y leer antes de proceder a hacer aseveraciones”, expresó, al considerar que algunos posicionamientos dentro de la propia comisión no coinciden con la documentación incorporada hasta el momento.

La comisión investigadora tiene actualmente como plazo el 10 de septiembre para presentar su dictamen, aunque Villegas adelantó que resulta muy difícil cumplir con esa fecha debido a las demoras en las respuestas de distintos organismos y a la aparición de nuevas medidas de prueba.

“Seguramente vamos a pedir una prórroga”, anticipó. Su intención es que la investigación pueda cerrarse entre octubre y noviembre, con un informe que permita determinar si existieron responsabilidades políticas o institucionales.

Para Villegas, el objetivo central sigue siendo responder una pregunta que atraviesa toda la investigación: “Saber qué pasó, por qué nos pasó y quiénes, de uno u otro modo, intervinieron para que ese radar inglés esté instalado en Tolhuin”.