Durante una entrevista brindada a FM Del Pueblo, Villegas detalló los avances de la comisión que investiga cómo se produjo la instalación del radar en estancia El Relincho, en Tolhuin, y remarcó que el objetivo es “reconstruir la verdad histórica de los hechos” a partir de documentos, expedientes y declaraciones testimoniales.

Uno de los elementos que considera centrales modifica la cronología que durante años se manejó públicamente alrededor del caso.

“Algunos sostenían que la intención de LeoLabs de instalarse en Tierra del Fuego partía de una conferencia que hizo el CEO de LeoLabs en la Embajada Argentina, allá por marzo de 2023. Esa conjetura ha quedado desacreditada absolutamente”, afirmó Villegas.

Gestiones desde noviembre de 2021

Según el legislador, la comisión tiene acreditado documentalmente que desde noviembre de 2021 ya existían actuaciones relacionadas con la intención de instalar el radar en territorio fueguino.

Villegas sostuvo que, para ese momento, LeoLabs Argentina todavía no se encontraba formalmente constituida, pero un apoderado de la compañía internacional ya realizaba trámites ante organismos provinciales.

“Tenemos acreditado que desde noviembre de 2021, sin aún existir LeoLabs Argentina, el apoderado de LeoLabs internacional ya tramitaba autorizaciones mediante la Dirección Provincial de Energía y áreas de Producción, con la firme intención de instalar el radar”, aseguró.

Para el legislador, este antecedente contradice directamente las afirmaciones que ubicaban el comienzo de las gestiones dos años después.

“Todos los funcionarios o aquellos políticos que decían que la intención de LeoLabs empezó a partir de 2023, eso no es cierto. Tenemos acreditado que eso no es cierto”, enfatizó.

La DPE entregó documentación fuera del plazo inicial

Villegas también aclaró qué ocurrió con la Dirección Provincial de Energía (DPE), cuyas autoridades habían sido convocadas por la comisión.

Según relató, inicialmente se otorgaron cinco días hábiles para responder un pedido de información. Desde el organismo solicitaron una extensión de 15 días, pero transcurrido ese nuevo plazo la documentación todavía no había sido presentada.

Ante esa situación, la comisión decidió convocar a las autoridades de la DPE para brindar declaración testimonial. Sin embargo, aproximadamente 24 horas antes de la reunión, el organismo entregó finalmente la documentación requerida.

La comisión resolvió entonces postergar la testimonial para poder estudiar previamente las actuaciones recibidas.

“Tenemos que analizarla. Seguramente este jueves tendremos una nueva reunión y veremos qué resuelve la mayoría de los legisladores”, indicó.

Mancini y Solorza podrían ser citados

La investigación podría avanzar ahora sobre quienes ocupaban cargos en el área energética provincial durante el período en que comenzaron las gestiones.

Villegas anticipó que podrían ser convocados Alberto Mancini, quien estuvo al frente de la Dirección Provincial de Energía, y Moisés Solorza, entonces secretario de Energía.

El interés de la comisión está relacionado particularmente con las instalaciones eléctricas realizadas hacia estancia El Relincho, lugar donde posteriormente quedó emplazado el radar.

Para Villegas, los testimonios permitirán cruzar las decisiones administrativas con la documentación recopilada y establecer qué conocimiento tuvieron los diferentes funcionarios.

“Reconstruir la verdad histórica”

El legislador remarcó que la comisión no pretende adelantar conclusiones ni asignar responsabilidades antes de completar la recopilación de pruebas.

“La comisión investigadora tiene como objetivo institucional tratar de reconstruir la verdad histórica de los hechos relacionados con la instalación de ese radar”, manifestó.

Para eso buscan reunir la mayor cantidad posible de pruebas documentales, instrumentales y testimoniales, y recién después realizar una valoración integral.

“Queremos saber qué es lo que nos pasó, por qué nos pasó, por qué tenemos ese radar instalado y, en todo caso, ver si es necesario citar a funcionarios o exfuncionarios para atribuir responsabilidades políticas o no”, señaló.

La gran incógnita: ¿el radar sigue funcionando?

Otro punto central de la investigación es determinar qué ocurre actualmente con LeoLabs.

Villegas reconoció que existen versiones contradictorias respecto de si el radar continúa funcionando.

Por un lado, mencionó el testimonio del exsenador Pablo Blanco, quien relató una reunión mantenida con autoridades de LeoLabs en julio de 2023 en la que, según su declaración, le habrían demostrado que el radar se encontraba operativo.

Sin embargo, la comisión cuenta con información sobre una intervención anterior de funcionarios nacionales que habrían determinado que el sistema debía dejar de funcionar.

“Ahí tenemos una contradicción”, reconoció Villegas.

Pedirán una verificación técnica

Frente a esa incertidumbre, Villegas adelantó una medida concreta: solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para determinar técnicamente si el radar se encuentra operativo.

La intención es que profesionales especializados lleguen a Tierra del Fuego y realicen las verificaciones correspondientes.

“Vamos a solicitar a la CONAE que envíe sus equipos técnicos y profesionales para que se certifique de una vez por todas si ese radar está en funcionamiento o no”, anunció.

Advirtió además que, si se comprobara que el equipamiento continúa funcionando pese a una disposición nacional que impedía su operación, existiría un incumplimiento que debería ser analizado.

Provincia o Nación: determinar quién intervino

La comisión también pretende resolver otro interrogante que permaneció abierto desde que estalló la polémica: qué responsabilidad tuvieron las autoridades provinciales y qué decisiones correspondieron al Gobierno nacional.

Villegas recordó que durante estos años existieron versiones cruzadas. Mientras desde Nación se señalaron intervenciones provinciales, funcionarios fueguinos atribuyeron determinadas autorizaciones a organismos nacionales.

Para el legislador, esa situación de incertidumbre fue precisamente uno de los motivos que llevaron a conformar la comisión.

“Ese marco de no dar información cierta y fidedigna desde el primer día por parte de las autoridades provinciales es lo que generó la necesidad de esta comisión investigadora”, afirmó.

Entre las áreas provinciales cuya actuación será analizada mencionó organismos relacionados con la Inspección General de Justicia, Producción, Ambiente, Gobierno y Energía, además de las responsabilidades que eventualmente puedan alcanzar a otras autoridades.

Paleo y Taiana, testimonios considerados fundamentales

Villegas señaló que existe especial interés en escuchar al general Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien durante 2023 realizó fuertes advertencias respecto de las implicancias del radar para la seguridad nacional.

También buscan avanzar con el testimonio del exministro de Defensa Jorge Taiana.

“Entendemos que es de vital importancia su testimonio”, sostuvo Villegas respecto de Paleo.

La intención es construir un marco probatorio lo más objetivo posible antes de determinar eventuales responsabilidades políticas.

Villegas remarcó, por último, que las reuniones de la comisión son públicas y que la documentación recopilada se encuentra disponible para la ciudadanía.

“Queremos que el trabajo sea lo más transparente posible y que la información esté al alcance de cualquier ciudadano, porque entre todos vamos a poder entender mejor qué nos pasó, por qué nos pasó y quiénes intervinieron”, expresó.

Con documentación que ahora retrotrae las primeras gestiones conocidas hasta noviembre de 2021, nuevas citaciones en análisis y la intención de verificar técnicamente el estado del radar, la Comisión Especial Investigadora entra en una etapa clave para reconstruir cómo LeoLabs llegó a instalarse en Tierra del Fuego y determinar qué responsabilidades políticas e institucionales existieron durante todo el proceso.