En FM Del Pueblo, Raimbault explicó que el planteo fue realizado desde una perspectiva estrictamente laboral y que la Justicia ya dio curso a la presentación. La ANPYN dispone de cinco días para contestar la demanda y justificar por qué determinados trabajadores fueron impedidos de ingresar a sus puestos.

“Lo que se está haciendo en el puerto de la provincia de Tierra del Fuego es la privatización por la fuerza”, sostuvo el abogado, quien cuestionó con dureza el modo en que se desarrolló la intervención y afirmó que se avanzó sin un marco normativo que, a su criterio, respalde las restricciones impuestas sobre los trabajadores.

Según explicó, la presentación judicial pone el foco en el ingreso de las autoridades nacionales al puerto, la posterior prohibición de acceso para parte del personal y las limitaciones para ejercer la actividad sindical. Raimbault consideró que estas situaciones pueden constituir hechos de violencia laboral en los términos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El abogado remarcó además que la exclusión de trabajadores no solamente tiene consecuencias sobre su actividad cotidiana y sus ingresos, sino que también afecta la aplicación del convenio colectivo y el funcionamiento administrativo del puerto.

Uno de los puntos más fuertes de su exposición estuvo vinculado con los controles internos. Raimbault sostuvo que impedir que empleados públicos cumplan sus funciones también significa apartarlos de expedientes, procesos administrativos, auditorías y mecanismos de control sobre las decisiones que se toman dentro de la terminal.

En ese sentido, advirtió que la ausencia de esos controles puede generar condiciones para que se produzcan irregularidades. “No se los deja entrar porque, además, podrían llegar a controlar”, señaló durante la entrevista.

Raimbault también aseguró que en la demanda se planteó la existencia de una “lista negra” de trabajadores a los que se les impediría el ingreso al Puerto de Ushuaia, situación que, según indicó, implicaría impartir órdenes a una fuerza de seguridad para restringir el acceso de determinadas personas.

Durante la entrevista, el letrado comparó lo que ocurre actualmente con el proceso de privatización portuaria desarrollado durante la década de 1990. Recordó que en aquel momento las modificaciones al sistema portuario se realizaron mediante leyes, decretos y delegaciones legislativas, mientras que, según su interpretación, en Ushuaia se estaría llegando a consecuencias similares sin contar siquiera con ese andamiaje normativo.

“Es peor que la década del 90, porque se llega al mismo resultado, pero sin siquiera ningún derecho”, afirmó.

Otro aspecto que Raimbault puso bajo cuestionamiento es el manejo económico de la terminal. El abogado aseguró que solicitaron información acerca del destino de los recursos generados por el puerto y afirmó que la respuesta recibida indicó que esos fondos serían administrados por otra estructura.

A partir de esa situación, sostuvo que están analizando lo que definió como un posible “vaciamiento deliberado patrimonial” del Puerto de Ushuaia y planteó interrogantes sobre los mecanismos de rendición y control de los recursos.

Raimbault también cuestionó la legalidad de la intervención al considerar que un interventor puede sustituir circunstancialmente a una autoridad, pero no puede dejar sin efecto las normas laborales, administrativas y convencionales que regulaban previamente el funcionamiento del organismo.

Para el abogado, la discusión judicial excede incluso el conflicto individual de los trabajadores afectados. “Lo que está en discusión es si la fuerza, la violencia y los hechos pueden más que la Constitución”, expresó.

Además, reclamó una mayor reacción de las instituciones fueguinas frente a la situación y destacó la relevancia estratégica de la terminal para la provincia. “El puerto es nuestra identidad, nosotros somos una isla”, remarcó, al considerar que el conflicto involucra aspectos laborales, institucionales y vinculados a la soberanía provincial.

La demanda abre ahora una instancia clave. La ANPYN deberá responder en cinco días y explicar ante la Justicia los fundamentos de su actuación. Raimbault adelantó que, en caso de que el organismo no conteste los planteos formulados, solicitarán que los hechos sean considerados reconocidos y que el expediente avance hacia una resolución judicial.