El deterioro del mercado laboral argentino no solamente se refleja en la pérdida de puestos de trabajo, sino también en la calidad de las nuevas ocupaciones. Desde 2024, más de 350 mil personas se incorporaron a empleos desprotegidos, mientras retrocedieron tanto el trabajo estatal como el empleo privado registrado.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, realizado sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al primer trimestre de 2026. El relevamiento incluye dentro del trabajo desprotegido a quienes realizan tareas sin aportes jubilatorios, continuidad laboral, capital propio o una estructura estable.

En muchos casos, las personas que perdieron empleos formales terminaron recurriendo a changas, actividades informales o trabajos por cuenta propia para sostener sus ingresos. De esta manera, pueden continuar apareciendo estadísticamente como ocupadas, aunque en condiciones laborales y salariales mucho más desfavorables.

La precarización también muestra una profunda brecha en los ingresos. Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores fue de $1.076.056 mensuales, mientras que los cuentapropistas percibieron alrededor de $524.000, un 51% menos.

Entre los asalariados informales, el ingreso promedio se ubicó cerca de los $700.000 mensuales, un 35% por debajo de la media general, según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

Jóvenes y mujeres, entre los más afectados

La situación golpea especialmente a los trabajadores jóvenes. La tasa de desprotección laboral en este sector pasó del 53% en 2024 al 62% en 2026.

Entre los varones jóvenes se perdieron 30 mil puestos en el sector público y otros 96 mil empleos privados protegidos. Esto representa 126 mil trabajos de calidad menos. Parte de quienes quedaron afuera del sistema formal se volcó a tareas precarias, provocando un incremento de 65 mil jóvenes dentro del universo de trabajadores desprotegidos.

Las mujeres también quedaron particularmente expuestas. En los últimos dos años, la cantidad de trabajadoras dentro del sector privado desprotegido aumentó un 14,1%, mientras que entre los varones el crecimiento fue del 9,3%.

El estudio vincula esta diferencia con la reducción del empleo público: de los 212 mil puestos estatales perdidos desde el cambio de gestión nacional, 132 mil estaban ocupados por mujeres y 79 mil por varones.

Otro fenómeno preocupante aparece entre los adultos mayores. La cantidad de personas en edad jubilatoria que permanecieron o regresaron al mercado laboral creció un 14% durante los últimos dos años, principalmente por la necesidad de complementar ingresos insuficientes. La mayoría volvió a trabajar mediante actividades informales o sin protección social.

El escenario muestra que los empleos registrados que desaparecen no están siendo reemplazados por puestos con salarios, aportes y derechos similares, sino por changas y formas de contratación con menores ingresos y estabilidad.

La expansión del trabajo informal también impacta sobre el sistema jubilatorio, la cobertura de salud y la representación sindical, debido a que cada vez más trabajadores quedan afuera de los convenios colectivos y de las herramientas tradicionales de protección laboral.