Por FM Provincia, Löffler explicó que la iniciativa nació frente a una situación que observa cada vez con mayor frecuencia entre trabajadores, jubilados, familias y pequeños comerciantes, atravesados por salarios que perdieron capacidad de compra, mayores gastos mensuales y un sistema financiero que aplica elevados intereses sobre las deudas.
“Acá lo primero que tiene que haber es una voluntad manifiesta de parte del bloque oficialista, del Gobierno de la Provincia, de comprender lo mismo que estamos entendiendo nosotros: que la gente está pasando un problema”, planteó.
El legislador remarcó que la problemática no es exclusivamente fueguina, sino que forma parte de un escenario nacional caracterizado por la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro salarial y el incremento permanente de los gastos familiares.
Según describió, mientras los ingresos permanecen prácticamente estancados, los hogares deben afrontar aumentos en servicios como luz, gas y agua, además de combustible, educación, prepagas y otros gastos básicos.
En ese contexto, cuestionó particularmente las condiciones del sistema financiero y las tasas que se aplican cuando una persona no logra cancelar completamente el saldo de una tarjeta de crédito.
Löffler contó que una de las situaciones que terminó de impulsarlo a trabajar en el proyecto ocurrió cuando un jubilado lo abordó para explicarle que había olvidado pagar durante un mes su tarjeta.
Al presentarse al mes siguiente, se encontró con el fuerte incremento generado por los intereses.
“Uno sabe las tasas de interés que te aplica la tarjeta por no haber pagado, por haber financiado parte del saldo. Es una locura”, sostuvo.
El referente del MPF señaló que esa experiencia se suma a numerosos casos que comenzó a escuchar en la calle y a los informes que vienen reflejando un incremento sostenido del endeudamiento.
Para Löffler, muchas familias que hasta hace poco podían afrontar normalmente sus obligaciones hoy necesitan financiar consumos básicos o postergar pagos para llegar a fin de mes.
Consultado sobre los detalles concretos de la propuesta, explicó que contempla condiciones de acceso vinculadas con los ingresos y distintos mecanismos que deberán ser analizados durante el tratamiento legislativo.
De todos modos, aclaró que no considera que el texto presentado deba permanecer inalterable.
“Lo importante es dar el debate”, afirmó, y destacó el trabajo en comisiones como la instancia donde los proyectos pueden ser corregidos, ampliados y consensuados con otros sectores políticos.
Además, reveló que después de presentar la iniciativa otros legisladores le comunicaron que estaban trabajando sobre propuestas similares.
Para el parlamentario, esto abre la posibilidad de avanzar hacia una herramienta común que permita atender una problemática que excede a un bloque o a un dirigente determinado.
Sobre la eventual participación del Banco de Tierra del Fuego, Löffler consideró que la entidad podría ser parte de la solución, aunque aclaró que el problema no puede reducirse exclusivamente al banco provincial.
Explicó que la Legislatura puede aprobar un régimen o programa determinado, pero posteriormente será el Poder Ejecutivo el encargado de instrumentarlo.
“Nosotros vamos a llevar adelante una herramienta legislativa; después quien ejecuta esas herramientas que el Poder Legislativo sanciona es el Gobierno de la Provincia”, señaló.
Por eso insistió en que la discusión central pasa también por conocer si el oficialismo provincial está dispuesto a acompañar una política de desendeudamiento.
“Por más que hagamos la mejor ley del mundo mundial, si el Gobierno provincial no tiene la vocación de que esta herramienta realmente llegue al vecino, va a ser imposible”, advirtió.
Otro de los puntos abordados fue el riesgo que enfrentan quienes, luego de acumular atrasos, dejan de calificar para créditos dentro del sistema financiero formal.
Löffler cuestionó que personas que durante décadas fueron clientes de una entidad puedan quedar rápidamente excluidas cuando comienzan a atravesar dificultades.
“Cuando te salpicó un poquito el barro, lo primero que hace la entidad financiera es soltarte la mano”, graficó.
Según explicó, esa situación puede empujar a algunos ciudadanos hacia mecanismos de financiamiento informal, con intereses todavía más elevados.
El legislador advirtió que allí puede comenzar una rueda difícil de detener: una persona se endeuda, pierde acceso al crédito bancario y termina recurriendo a préstamos mucho más caros para cubrir compromisos anteriores.
El problema, agregó, también alcanza a pequeños y medianos comerciantes que necesitan financiamiento para sostener su actividad.
Löffler se mostró dispuesto a convocar a cámaras empresariales durante el tratamiento de la iniciativa, pero consideró necesario ampliar la participación.
Remarcó que existen numerosos comerciantes pequeños que no necesariamente forman parte de las estructuras institucionales tradicionales y que, sin embargo, son algunos de los sectores que más sufren la caída del consumo, el encarecimiento del crédito y las dificultades para sostener sus negocios.
“Hay muchos comerciantes más pequeñitos con los que tengo mucha relación, que son los que más la pelean y que, a veces, lamentablemente, son los que no tienen voz”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que el debate debería permitir escuchar tanto a las cámaras como a trabajadores, familias y comerciantes que viven directamente las consecuencias del endeudamiento.
Löffler insistió en que su iniciativa no pretende resolver por sí sola los problemas económicos estructurales, sino brindar un alivio concreto a quienes quedaron atrapados entre tarjetas, préstamos e intereses cada vez más difíciles de afrontar.
El legislador definió el proyecto como un paliativo frente a una situación más profunda vinculada con el empleo, los salarios y el costo de vida.
Sin embargo, sostuvo que la magnitud del problema obliga a actuar.
Para Löffler, el desafío ahora será conseguir consenso dentro de la Legislatura, construir una herramienta viable y, fundamentalmente, lograr que el Gobierno provincial tome la decisión política de implementarla para que el desendeudamiento no quede solamente plasmado en una ley.