El cierre de comercios en la capital santacruceña habría pasado de uno a tres por día, una situación que golpea directamente a los trabajadores, pero también a los comerciantes y a las familias que dependen de esos emprendimientos.

Silva señaló que, de acuerdo con los registros mencionados, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron alrededor de 350 empresas en Santa Cruz. Además, alertó que esa cifra podría acercarse a las 400 si la tendencia continúa.

Para el dirigente sindical, el principal problema es la pérdida de ingresos de la población. Las familias cuentan con menos dinero para realizar sus compras y esa retracción termina afectando la facturación, el pago de salarios y la continuidad de los establecimientos.

El referente mercantil también cuestionó la presión ejercida por ARCA sobre empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, reclamó medidas específicas para sostener a las pymes y evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo.

La cantidad exacta de personas que quedaron sin empleo por el cierre de comercios todavía resulta difícil de establecer debido a la presencia de trabajadores informales. Silva también puso el foco en la figura del “trabajador colaborador” y remarcó que esa modalidad no debe utilizarse para esconder relaciones laborales de dependencia.

Respecto de las responsabilidades políticas, sostuvo que los gobiernos nacional, provincial y municipal se encuentran involucrados, aunque ubicó al Gobierno nacional como el principal responsable por las consecuencias de su política económica sobre las provincias, los municipios y la actividad privada.

Ante este escenario, Silva pidió generar acuerdos entre empresarios, trabajadores y autoridades para detener el cierre de empresas, preservar las fuentes laborales y evitar que continúe achicándose la economía local. La información fue difundida por El Caletense.