El ingreso del petrolero VS Promise, de bandera británica, al puerto de Ushuaia sumó este martes un nuevo capítulo luego de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien durante su conferencia de prensa defendió la legalidad de la operación y trasladó parte de la responsabilidad por el ingreso de la embarcación al Gobierno de Tierra del Fuego.

La explicación oficial de Nación introduce así un elemento central en la discusión: según la Casa Rosada, el buque no llegó a Ushuaia desde las Islas Malvinas ni desde una operación desarrollada en la Cuenca Malvinas, sino después de haber trabajado y cargado petróleo en la propia provincia de Tierra del Fuego.

Ravier explicó que el VS Promise cargó crudo en la zona de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande, y posteriormente se dirigió al puerto de Ushuaia para realizar tareas de aprovisionamiento.

“El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse”, sostuvo el funcionario.

La explicación de Nación apunta directamente a la autorización provincial

Uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno nacional estuvo relacionado con la jurisdicción sobre la operación petrolera.

Ravier sostuvo que la monoboya ubicada en Río Cullen es de jurisdicción provincial y, por ese motivo, afirmó que el Gobierno fueguino debió autorizar previamente el ingreso del buque a esa zona.

“La monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino el que avaló el ingreso del buque en primer lugar”, afirmó el vocero presidencial.

La afirmación introduce una disputa sobre las responsabilidades que tuvo cada administración en el recorrido del petrolero: mientras Tierra del Fuego cuestionó el amarre en Ushuaia, la Casa Rosada sostiene que la embarcación ya había sido autorizada para desarrollar su actividad en territorio fueguino antes de llegar a la capital provincial.

Nación sostiene que no se violó la Ley Gaucho Rivero

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la aplicación de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, cuya interpretación quedó nuevamente en el centro de la controversia.

Ravier sostuvo que la normativa no establece una prohibición general para cualquier buque de bandera británica, sino que alcanza a aquellos vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.

En ese sentido, el funcionario afirmó que el VS Promise había desarrollado su actividad en otra zona y que, por lo tanto, “el accionar del buque no viola ninguna ley”.

La interpretación oficial es que el petrolero no se encontraba realizando actividades en la Cuenca Malvinas, sino que había cargado crudo en Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, antes de dirigirse a Ushuaia.

El punto que vuelve a abrir la discusión

La explicación brindada por Nación no cierra el debate, sino que desplaza el eje hacia qué autoridad intervino en cada instancia de la operación.

Por un lado, el Gobierno nacional sostiene que la actividad desarrollada en Río Cullen contó con aval provincial y que el buque no estaba comprendido por las restricciones de la Ley Gaucho Rivero. Por otro, la Provincia cuestionó públicamente el amarre del petrolero británico en Ushuaia y reclamó explicaciones sobre la operación realizada en el puerto, actualmente bajo administración nacional.

El episodio adquiere particular relevancia porque el VS Promise permaneció previamente en la terminal de Río Cullen y luego realizó una escala de aproximadamente 14 horas en Ushuaia para aprovisionarse, antes de continuar su navegación.

De esta manera, la presencia del petrolero británico deja planteada una discusión que ahora también alcanza a las autorizaciones y competencias de las distintas jurisdicciones que intervinieron en su recorrido.

La respuesta de Ravier aporta por primera vez una versión oficial de la Casa Rosada sobre cómo se produjo el ingreso del buque y, fundamentalmente, sostiene que la embarcación fueguina no llegó desde Malvinas, sino desde una operación petrolera desarrollada en territorio de Tierra del Fuego.

La controversia, lejos de terminar, queda ahora atravesada por una pregunta concreta: ¿qué autorizaciones fueron otorgadas en cada etapa y qué autoridad fue responsable de cada una de ellas?