La edil remarcó que los concursos de antecedentes y oposición para cargos de semejante trascendencia deben garantizar condiciones que permitan legitimar la designación ante la sociedad y seleccionar a la persona más idónea, dejando de lado cualquier componente político, ideológico o personal.

“La transparencia hace a la legitimidad de la designación”, sostuvo Freiberger, al advertir que las dudas surgidas durante las últimas semanas terminaron afectando la credibilidad de un procedimiento que, a su entender, debía ser “prístino, indubitable e inobjetable”.

Uno de los puntos centrales de su planteo estuvo relacionado con lo ocurrido durante la audiencia pública realizada la semana pasada. Según señaló, allí quedó expuesto y reconocido un vínculo entre una de las participantes del concurso y una legisladora integrante del cuerpo encargado de llevar adelante el procedimiento.

Freiberger consideró que existían mecanismos institucionales para evitar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad.

“Si uno tiene una amistad o una enemistad manifiesta con alguno de los participantes, puede excusarse. Las herramientas están”, planteó.

En ese sentido, agregó que quienes ocupan espacios de decisión deben tener la responsabilidad suficiente para apartarse cuando una relación personal pueda generar sospechas sobre el procedimiento.

“En este caso no pasó. Quedó plasmado en la audiencia pública que por parte de la participante y por parte de la legisladora se reconocía un vínculo. Se podría haber salvado excusándose”, afirmó.

Para la concejal, esa decisión habría permitido preservar no solamente el concurso, sino también la institucionalidad de la propia Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo titular tendrá entre sus funciones controlar y exigir respuestas al Estado.

Freiberger también mencionó otros cuestionamientos surgidos durante el proceso. Entre ellos, señaló que habló con distintos concursantes y que existieron versiones diferentes respecto del acceso a los exámenes y la evaluación de antecedentes.

De acuerdo con su exposición, algunos participantes pudieron observar y compulsar sus evaluaciones mientras otros aseguraron que no tuvieron esa posibilidad. También cuestionó que determinados criterios para ponderar antecedentes no estuvieran previamente tabulados.

“Son cuestiones que terminan dejando y tal vez empañando un procedimiento que debería ser realmente indubitable e inobjetable y, desgraciadamente, no lo es”, manifestó.

La concejal insistió en que sus cuestionamientos no apuntan contra una persona determinada, sino al funcionamiento del mecanismo de selección. “No es una cuestión de poner el acento en las personas”, remarcó, y reclamó evitar que las discusiones institucionales sean llevadas permanentemente al terreno personal.

Asimismo, consideró que varios de los planteos realizados durante las últimas semanas podrían haberse corregido antes de continuar con el procedimiento.

“Se podrían haber escuchado estas voces disidentes y haberse subsanado las cuestiones en el mismo desarrollo del procedimiento. Pero para eso hay que tener capacidad de autocrítica”, cuestionó.

El concurso quedó nuevamente en el centro de la discusión luego de que la Comisión de Ética del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Tierra del Fuego presentara ante la comisión especial de la Legislatura un pedido para suspender preventivamente el proceso y revisar las actuaciones realizadas.

Ante ese escenario, Freiberger reclamó que las autoridades involucradas asuman la responsabilidad de despejar todas las dudas existentes antes de avanzar con una definición.

“Hay que tomar conciencia y hacerse cargo de las cosas que se plantean”, afirmó, y sostuvo que la transparencia no puede quedar solamente en el discurso político.

Para la edil, la continuidad de un procedimiento cuestionado sin atender previamente las objeciones puede terminar debilitando la legitimidad de quien finalmente resulte designado, independientemente de sus antecedentes profesionales o de su capacidad para ejercer el cargo.