Hay un dato que debería encender todas las alarmas: los medicamentos de uso frecuente cuestan en Argentina, en promedio, 3,1 veces más que en los mercados internacionales utilizados como referencia.

El relevamiento, realizado sobre 17 principios activos y comparado con precios de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India, encontró que Argentina resulta más cara en 9 de cada 10 comparaciones.

La diferencia se vuelve dramática en algunos tratamientos. La levotiroxina cuesta unos US$19,3 mensuales frente a US$3,1 en los mercados comparados; la atorvastatina, US$43,1 contra US$8; y la metformina, US$26,1 frente a US$5,3.

La brecha llega a 6,7 veces respecto de India, 5,3 veces frente a España y 3,4 veces frente a Francia.

El golpe más fuerte: los jubilados

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa el bolsillo de los adultos mayores. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, hasta abril de 2025, la canasta de medicamentos del PAMI había aumentado 394,2% desde noviembre de 2023, mientras la jubilación mínima con bono había subido 185,9%.

La consecuencia es directa: los medicamentos avanzaron mucho más rápido que los ingresos de quienes necesitan comprarlos todos los meses.

Para un jubilado, una suba no significa simplemente gastar más. Significa muchas veces elegir entre medicamentos, alimentos, servicios o calefacción.

Cuando la salud queda atada al bolsillo

El Gobierno nacional ha profundizado una política de desregulación y menor intervención estatal, mientras modificó también el esquema de cobertura de medicamentos de PAMI. Aunque determinados tratamientos mantienen cobertura del 100%, el acceso al subsidio social para medicamentos ambulatorios exige acreditar condiciones de vulnerabilidad.

El argumento oficial apunta a una mayor competencia y libertad de elección. Pero existe una contradicción difícil de ignorar: un paciente que necesita un medicamento para controlar la diabetes, la presión, el colesterol o una enfermedad crónica no tiene libertad real para decidir si lo compra o no.

Puede buscar una marca más barata, pero no puede dejar de tratarse.

Y allí aparece la discusión de fondo: ¿qué ocurre cuando el Estado se corre y el mercado determina cuánto cuesta seguir un tratamiento?

El informe oficial fue cuestionado por sectores de la industria farmacéutica, que objetaron la metodología y señalaron diferencias según marcas, presentaciones, impuestos y precios efectivamente pagados. Es una discusión que deberá profundizarse.

Pero incluso con esas objeciones, permanece una realidad que ningún debate metodológico puede ocultar: los medicamentos se han convertido en una pesada carga para millones de argentinos.

Y para los jubilados, que necesitan varios tratamientos en forma simultánea y cuentan con ingresos limitados, esa carga puede convertirse directamente en una amenaza para su calidad de vida.

Porque el problema ya no es solamente cuánto cuesta un medicamento. El problema es cuánto cuesta enfermarse en la Argentina.

Cuando el Estado deja de ocupar un lugar central en la protección del acceso a la salud, la factura no desaparece.

Simplemente termina pagándola el paciente.