La Cámara de Diputados volvió a darle al Gobierno una victoria legislativa. Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, aprobó este miércoles el proyecto denominado “Inocencia Fiscal II”, una iniciativa que modifica el régimen tributario y que ahora deberá atravesar el Senado.

La propuesta forma parte de la estrategia económica de la administración de Javier Milei para simplificar el cumplimiento tributario, reducir la presión fiscal sobre determinados contribuyentes y generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal vuelvan a la economía.

¿Qué cambia?

Uno de los principales cambios es la ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Hasta ahora podían acceder quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El proyecto aprobado por Diputados elimina ambos límites, por lo que el régimen podría alcanzar a un universo mucho más amplio de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

Además, los beneficios del esquema se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027, en coincidencia con un período que tendrá una fuerte importancia política y electoral para el Gobierno.

La lógica oficial es modificar la relación entre el contribuyente y el Estado: menos controles sobre determinadas operaciones, más previsibilidad y mayor facilidad para declarar ingresos y patrimonio.

El objetivo de fondo: los dólares “del colchón”

Uno de los puntos centrales detrás de la iniciativa es intentar que parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal ingresen nuevamente al circuito económico.

El Gobierno busca que esos recursos puedan utilizarse para consumo, inversión, adquisición de bienes o financiamiento, en lugar de permanecer fuera del sistema por temor a controles fiscales.

La iniciativa, por lo tanto, no se limita a una modificación técnica del impuesto a las Ganancias: forma parte de una estrategia más amplia para intentar transformar el ahorro informal en actividad económica.

Menos poder de fiscalización para ARCA

Otro aspecto relevante está relacionado con las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El proyecto busca establecer mayores límites y parámetros para las investigaciones y determinaciones que puede realizar el organismo sobre los contribuyentes que ingresen al régimen simplificado.

La discusión gira, en definitiva, alrededor de cuánto debe controlar el Estado y cuánto margen debe tener un ciudadano que cumple con determinadas condiciones para no quedar sometido permanentemente a revisiones sobre su patrimonio y sus movimientos económicos.

Una nueva relación entre el Estado y el contribuyente

El Gobierno presenta la iniciativa como un cambio de paradigma: el contribuyente debería ser considerado cumplidor mientras no existan elementos concretos que demuestren lo contrario.

La primera Ley de Inocencia Fiscal, aprobada a comienzos de 2026, ya había reducido el período de prescripción para determinados contribuyentes cumplidores de cinco a tres años.

Ahora el Gobierno pretende profundizar ese camino.

Pero el proyecto también genera una discusión política importante: para sus impulsores se trata de darle libertad y previsibilidad al ciudadano; para sus críticos, implica reducir herramientas del Estado para controlar el patrimonio y detectar posibles maniobras de evasión.

¿Qué falta ahora?

La aprobación de Diputados no convierte todavía el proyecto en ley. Se trata de una media sanción y deberá ser analizada por el Senado.

El Gobierno consiguió, sin embargo, otra victoria parlamentaria en una jornada particularmente importante: primero logró avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y luego consiguió aprobar la “Inocencia Fiscal II”.

El debate que viene será, entonces, mucho más profundo que una discusión sobre impuestos.

En el fondo aparece una pregunta que atraviesa buena parte del programa económico de Milei: ¿hasta dónde debe llegar el Estado para controlar los recursos de los argentinos y cuánto espacio debe dejar para que esos recursos circulen libremente?

Con esta iniciativa, el Gobierno apuesta a que más libertad, menos fiscalización y mayores incentivos para exteriorizar ahorros se traduzcan en más actividad económica.

Ahora será el Senado el que tendrá la última palabra sobre uno de los proyectos que el oficialismo considera clave para consolidar su nuevo modelo tributario.