Para muchos fueguinos, Península Mitre es un lugar lejano, casi desconocido, ubicado en el extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Pero detrás de ese territorio inhóspito existe uno de los mayores patrimonios naturales de la provincia.
Península Mitre concentra bosques, turberas, costas, ecosistemas marinos y una enorme riqueza ambiental. Por esa importancia, la Provincia estableció un régimen especial de protección que limita las actividades que pueden desarrollarse dentro del área.
Y allí aparece una historia que durante años permaneció lejos de la discusión cotidiana de los fueguinos: la presencia de ganado vacuno y equino vinculado a Estancia Policarpo dentro de ese territorio.
Ahora, un nuevo convenio firmado por el Gobierno provincial vuelve a poner el tema sobre la mesa.
Y esta vez los números son enormes.
El convenio ratificado mediante el Decreto Provincial 1423/26 establece un programa para retirar progresivamente el ganado existente.
Los registros presentados ante SENASA contabilizan 1.448 vacunos, a los que se agregan aproximadamente 480 terneros y terneras nacidos durante la última temporada.
En total, cerca de 1.900 animales.
No se trata, entonces, de unas pocas vacas que quedaron aisladas en un campo remoto.
Se trata de un rodeo de considerable dimensión, cuyo valor comercial estimado ronda los $1.950 millones.
Y todos esos animales están dentro de un área natural protegida.
Para entender el conflicto hay que retroceder varios años.
La actividad ganadera en la zona está vinculada a Estancia Policarpo, perteneciente a la familia Bilbao.
La relación entre la explotación privada y el territorio de Península Mitre tiene una historia previa a la creación del actual régimen de protección.
Con el paso del tiempo, la cuestión comenzó a chocar con las nuevas condiciones ambientales y con la necesidad de preservar un territorio considerado estratégico para la provincia.
El conflicto se hizo particularmente visible en 2024, cuando el Gobierno de Gustavo Melella rechazó la renovación de la marca que la familia Bilbao pretendía utilizar para continuar con la actividad en los términos planteados entonces.
La disputa llegó a la Justicia.
Dos años después, el escenario es diferente.
La Provincia y Sergio Igor Bilbao llegaron a un acuerdo para comenzar un retiro progresivo del ganado.
El convenio no dice que la Provincia autorice la continuidad de la explotación ganadera.
Por el contrario, establece expresamente que el acuerdo no constituye una autorización, habilitación ni regularización de la actividad.
Su objetivo declarado es la remediación ambiental y el retiro definitivo de los animales.
Pero existe un detalle que genera el principal interrogante:
el retiro no será inmediato.
Durante 2026 se prevé sacar hasta 250 vacunos.
En las temporadas siguientes se estima retirar entre 300 y 400 animales por año.
El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.
Es decir que, aunque formalmente no se autoriza la actividad ganadera, el ganado continuará permaneciendo dentro de Península Mitre durante los próximos dos años mientras se desarrolla el proceso de retiro.
Y el propio convenio contempla la posibilidad de extender los plazos si existen animales que no pudieron ser retirados por razones climáticas, sanitarias, ambientales, logísticas o de fuerza mayor.
La respuesta jurídica es: no hay una nueva autorización para continuar la explotación ganadera.
Pero la pregunta periodística es otra.
Si el Estado considera que la presencia del ganado es incompatible con los objetivos de protección ambiental, ¿por qué necesita hasta 2028 para eliminarlo?
La diferencia es importante.
No se puede afirmar que el Gobierno haya otorgado una nueva autorización para explotar el área.
Pero sí puede afirmarse que el acuerdo establece un período de transición durante el cual seguirá habiendo ganado dentro del área protegida.
Y eso merece una explicación.
El nuevo convenio permite ordenar la salida.
Pero no responde necesariamente qué ocurrió antes.
Porque si hoy la Provincia entiende que debe retirar los animales para proteger Península Mitre, resulta razonable preguntar cómo fue posible que se llegara a casi 2.000 cabezas de ganado dentro del área.
¿Qué controles existieron?
¿Qué permisos o derechos tenía la explotación?
¿Qué obligaciones tenía el propietario?
¿Se pagaron cánones o contraprestaciones por la utilización del territorio?
¿Existieron deudas o compromisos pendientes?
¿Quién controló el crecimiento del rodeo?
Y, fundamentalmente:
¿Qué recibió el Estado provincial durante todos los años en que una actividad privada se desarrolló sobre ese territorio?
El tamaño económico del rodeo agrega otra dimensión.
Las estimaciones ubican el valor comercial de los animales en alrededor de $1.950 millones.
Por supuesto, ese valor corresponde al ganado de propiedad privada y no significa que ese dinero sea parte de un pago a la Provincia.
Pero permite dimensionar la magnitud de la actividad que se está intentando retirar.
Y ahí aparece una discusión que va más allá de las vacas.
Una cosa es el valor del ganado. Otra, completamente diferente, es el valor del territorio utilizado durante años.
Península Mitre pertenece al patrimonio natural de todos los fueguinos.
Por eso, la sociedad tiene derecho a conocer bajo qué condiciones se permitió o toleró la actividad y si existieron contraprestaciones económicas o administrativas por ese uso.
El convenio incorpora además otro dato que llamó la atención.
Sergio Igor Bilbao aparece como titular del ganado y Clemente Sánchez Posleman figura como su apoderado.
Esto no significa que Sánchez Posleman sea propietario de los animales ni permite afirmar que tenga una participación económica en el negocio ganadero.
Su participación en el expediente es como representante de Bilbao.
Pero su presencia vuelve todavía más relevante la necesidad de que el acuerdo sea conocido y explicado públicamente, especialmente por la dimensión económica del rodeo involucrado.
El retiro del ganado puede ser una medida necesaria para preservar Península Mitre.
Eso no debería generar demasiadas discusiones.
Lo que sí merece debate es cómo se llegó hasta este punto.
Durante años, un territorio que hoy está bajo un régimen especial de protección tuvo presencia ganadera privada.
Ahora la Provincia establece un mecanismo para retirar casi 2.000 animales, pero les da un plazo que puede extenderse hasta 2028.
Por eso las preguntas no deberían concentrarse únicamente en cuándo se irá la última vaca.
También deberían mirar hacia atrás.
¿Quién controló?
¿Qué se permitió?
¿Qué se cobró?
¿Qué se dejó de cobrar?
¿Qué obligaciones quedaron pendientes?
Y, sobre todo:
Las vacas tienen dueño.
Tienen marca.
Tienen valor comercial.
Ahora falta conocer con la misma claridad qué valor tuvo para el Estado el territorio que las alimentó durante todos estos años.