Lapadula reclamó información tanto a la intervención del puerto de Ushuaia como al Gobierno provincial. El objetivo es conocer quién autorizó el ingreso del barco, quiénes son sus propietarios, qué empresa lo contrató y si se encontraba legalmente habilitado para operar en Tierra del Fuego.

En FM Provincia, el legislador señaló que la llegada de la embarcación provocó preocupación e indignación en un contexto marcado por el avance británico sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas.

Sin embargo, aclaró que el hecho de navegar con bandera británica no impide automáticamente que un buque trabaje en la provincia, siempre que respete las leyes vigentes y no tenga vínculos con empresas o grupos económicos involucrados en la explotación ilegal de hidrocarburos en el archipiélago.

“Lo que hay que hacer es dar las explicaciones, porque el hecho de que este buque sea de bandera británica no impide que pueda trabajar en la provincia, siempre y cuando cumpla todos los recaudos que establecen las leyes”, explicó.

Lapadula cuestionó el cruce de acusaciones entre los gobiernos nacional y provincial para determinar quién permitió la operación. Consideró que, en lugar de trasladarse responsabilidades, ambas administraciones deben presentar la documentación que demuestre cómo se aplicaron los controles.

“En vez de salir en los medios a tirarse la responsabilidad unos a otros, corresponde que expliquen cuáles fueron las circunstancias por las que se autorizó el ingreso del buque y si realmente estaba habilitado para operar”, sostuvo.

Uno de los principales interrogantes surgió a partir de que el VS Promise ingresó al puerto de Ushuaia para abastecerse antes de dirigirse hacia Río Cullen. Según se indicó en la emisora, el petrolero habría cargado alrededor de 30 mil toneladas de crudo con destino final a Estados Unidos.

El legislador planteó que, si la embarcación no hubiera recalado en la capital provincial para recibir agua, víveres y provisiones, probablemente su presencia habría pasado inadvertida.

“¿Sabemos si este barco operó alguna otra vez en la monoboya de Cullen? Ahora nos enteramos porque recaló en el puerto de Ushuaia, pero nadie sabe qué buques van y cargan en la monoboya”, advirtió.

A partir de esa situación, Lapadula pretende conocer si el VS Promise realizó operaciones anteriores en Río Cullen y qué registros conserva la Provincia sobre las embarcaciones que utilizan esa infraestructura petrolera.

Los pedidos también buscan determinar de quién era el petróleo cargado, qué empresa lo vendió, quién lo compró y cómo se concretó toda la operación comercial.

Lapadula sostuvo que las compañías privadas que poseen concesiones hidrocarburíferas en territorio fueguino deben cumplir tanto la Ley Gaucho Rivero como la Ley Nacional 26.659, destinada a sancionar y desalentar la participación en actividades ilegales vinculadas con los recursos naturales de las Islas Malvinas.

Por ese motivo, consideró necesario establecer si las áreas provinciales correspondientes verificaron los antecedentes de la embarcación, sus propietarios, inversores y contratantes antes de permitirle operar.

El parlamentario también abrió la posibilidad de actualizar las normas vigentes, ampliar las restricciones y establecer sanciones más severas ante el avance de las compañías que proyectan iniciar la explotación petrolera en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Para Lapadula, esclarecer el recorrido completo del VS Promise permitirá determinar si los controles actuales son efectivos o si existen vacíos que deben corregirse. “Tenemos que impedir que comiencen efectivamente a llevarse nuestro petróleo de las Islas Malvinas”, remarcó.