La contratación fue impulsada por la Administración General de Puertos (AGP), en el marco de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). El proyecto contempla una inversión de USD 2.001.281 y más de $1.004 millones para los trabajos principales, además de otros $185 millones destinados a tareas eventuales.

La apertura de las ofertas está programada para el próximo 16 de septiembre, mientras que la empresa seleccionada tendrá un plazo de 365 días corridos para ejecutar las obras.

Los trabajos previstos no se limitan a reparaciones menores. En la red eléctrica se proyectan intervenciones sobre la sala transformadora, tableros, sistemas de protección, cableados subterráneos, iluminación, fuerza motriz y puesta a tierra. En cuanto al suministro de agua, se incluyen tareas sobre el sistema de bombeo, cañerías, medidores y distintos componentes de la distribución interna.

El principal cuestionamiento está relacionado con la ausencia de una consulta previa a la Dirección Provincial de Energía (DPE) y a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS). Ambos organismos deberán revisar posteriormente si las instalaciones cumplen con las exigencias necesarias para su autorización y conexión.

De acuerdo con el pliego, la empresa adjudicataria deberá tramitar todos los permisos y conseguir las aprobaciones provinciales y municipales una vez otorgado el contrato. Esta situación podría obligar a modificar parte del proyecto si los trabajos diseñados no se ajustan a las normas técnicas de los prestadores.

El documento también reconoce que las obras podrían afectar temporalmente la distribución eléctrica y el abastecimiento de sectores fundamentales para la operatoria portuaria. Por ese motivo, establece que los cortes deberán reducirse al mínimo y comunicarse con una anticipación de cinco días hábiles.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de mejorar instalaciones que presentan deterioro, la falta de coordinación previa genera incertidumbre sobre la ejecución de una obra que supera los dos millones de dólares. Si DPE o DPOSS rechazan las soluciones previstas, podrían producirse demoras, mayores costos y dificultades para habilitar las nuevas redes.

La controversia se concentra así en el orden elegido para avanzar con el proyecto: primero se diseñaron y licitaron los trabajos, mientras que las autorizaciones técnicas quedaron para una etapa posterior, bajo responsabilidad de la futura contratista.