En declaraciones a FM La Isla, el magíster en Derechos Humanos señaló que la presentación apunta contra la empresa británica Rockhopper Exploration y la petrolera israelí Navitas Petroleum, a las que acusó de operar ilegalmente sobre la plataforma continental argentina.

La demanda fue promovida junto con la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas ante el Juzgado Federal de Río Grande. Las organizaciones solicitan que se ordene el cese de las obras, las perforaciones y cualquier otra actividad vinculada con el proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Guerrero Iraola advirtió que las empresas ya desplegaron una estructura destinada a preparar la eventual explotación del yacimiento. Según detalló, se encuentran buscando inversores y socios, mientras avanzan obras de infraestructura y acondicionamiento logístico en las islas.

Por ese motivo, el planteo no se limita a detener las operaciones sobre el lecho marino. También reclama que la Justicia investigue las rutas del dinero y las estrategias de financiamiento utilizadas para desarrollar el emprendimiento.

El abogado consideró que una decisión del Juzgado Federal de Río Grande tendría un fuerte impacto, incluso frente a las dificultades para ejecutar una resolución contra compañías extranjeras. “Que un juez de la Nación ponga límites a empresas privadas que trabajan con la anuencia del Estado usurpador ya sería un mensaje clarísimo para quienes pretendan invertir”, sostuvo.

Para Guerrero Iraola, la demanda protege dos bienes fundamentales: el ambiente del Atlántico Sur y la soberanía nacional. Remarcó que esos ecosistemas poseen un valor incalculable para la Argentina y para toda la humanidad, por lo que el Estado debe impedir cualquier daño o degradación.

También recordó que la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la disputa de soberanía. En ese sentido, afirmó que las licencias concedidas por las autoridades británicas en las islas son ilegales e ilegítimas.

Guerrero Iraola cuestionó la posición del Gobierno de Javier Milei y lo acusó de desplegar “un plan sistemático de entrega de la soberanía” mediante el debilitamiento de áreas estratégicas como la industria, la ciencia, la tecnología, el sistema universitario y las empresas estatales.

“Si el Poder Ejecutivo no defiende la soberanía, el Poder Judicial debe convertirse en el último guardián de la Constitución y de nuestras leyes”, advirtió.

La causa quedó radicada ante la jueza federal Mariel Borruto, quien solicitó la opinión de la Fiscalía para determinar si el Juzgado Federal de Río Grande posee competencia territorial y material, y si la presentación reúne los requisitos para ser tramitada como un proceso colectivo.