En declaraciones a FM del Pueblo, la magistrada explicó que la acción contra el proyecto hidrocarburífero Sea Lion acaba de ingresar al juzgado y se encuentra bajo análisis de la Fiscalía. El dictamen fiscal será el primer paso antes de que el tribunal evalúe la medida cautelar solicitada.

Borruto aclaró que se trata de una demanda civil sujeta a reglas estrictas. El juzgado deberá revisar quiénes presentaron la acción, la documentación incorporada, la legitimación de los demandantes y los requisitos necesarios para avanzar.

“Las medidas cautelares son provisionales y preventivas”, explicó. Para resolver, el tribunal tendrá que analizar la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y los demás elementos aportados por las organizaciones impulsoras del reclamo.

La presentación busca detener las actividades desarrolladas por compañías extranjeras en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas. Si la cautelar fuera admitida, las empresas deberán ser notificadas en los países donde se encuentran radicadas.

Sobre este punto, la jueza remarcó que el Poder Judicial solamente puede avanzar “hasta la puerta de Cancillería”. Todo trámite que exceda el territorio nacional deberá realizarse por la vía diplomática y quedará sujeto a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Borruto señaló que será la primera causa de estas características que tramite con el actual Gobierno nacional. Recordó que, desde 2015, trabajó con administraciones de diferentes signos políticos y que cada una adoptó su propia posición frente a las notificaciones internacionales relacionadas con Malvinas.

Durante la entrevista también fue consultada por la situación de la Ley 19.640, frente a la eliminación de aranceles y la crisis laboral que atraviesa Tierra del Fuego. “Pasaron 53 o 54 años y sigo diciendo lo mismo: es una ley impecable”, afirmó.

La magistrada sostuvo que el régimen reduce tributos para generar puestos laborales y actividad económica. “Lo más digno que tiene un ser humano es el trabajo, un trabajo genuino que no dependa del Estado ni de la asistencia social”, expresó.

Borruto consideró que, si determinadas actividades industriales dejaron de ser prioritarias, la alternativa debería ser actualizar el régimen y diversificar la producción. “Si no quieren electrónica, podemos cambiar la matriz”, planteó al mencionar las oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

También destacó la importancia de la Ley 19.640 para sostener población y fortalecer la presencia argentina en el extremo sur. Frente a la salida de familias provocada por la falta de empleo, reconoció que Tierra del Fuego atraviesa una etapa difícil, aunque rechazó que el objetivo estratégico haya desaparecido.

“Puede haber más o menos gente, pero la soberanía no se negocia”, remarcó Borruto. La jueza señaló que la provincia ocupa un lugar cada vez más relevante para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, y afirmó que la promoción industrial debe ser revisada con una mirada vinculada al trabajo, el desarrollo y la defensa del territorio nacional.