En declaraciones a FM Provincia, explicó que la presentación fue impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y abogados ambientalistas. Se trata de una acción preventiva por daño ambiental de incidencia colectiva que también plantea la defensa de la soberanía argentina.

Guzmán señaló que el reclamo busca impedir que las compañías avancen con la perforación y extracción de petróleo en el yacimiento Sea Lion o León Marino. Según precisó, el proyecto contempla 23 pozos y una producción inicial estimada en 520 millones de barriles.

Los impulsores de la demanda mantuvieron una reunión con la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, para transmitirle su preocupación y presentar los antecedentes recopilados durante una década de seguimiento de la actividad petrolera británica en la zona.

“No se trata solamente de proteger el ambiente, sino también de defender la soberanía como un derecho concreto y material”, afirmó Guzmán. En ese sentido, advirtió que las compañías se encuentran cada vez más cerca de comenzar a perforar y extraer recursos naturales argentinos.

El referente explicó que también buscaron el respaldo de autoridades políticas de Ushuaia y Río Grande. Mantuvieron reuniones con funcionarios municipales, concejales, legisladores y el intendente Martín Perez, quien adelantó su intención de acompañar la demanda y convocar a municipios costeros como Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

“Fuimos a buscar acompañamiento político porque no lo encontramos en el Gobierno nacional”, sostuvo. Para Guzmán, una resolución judicial favorable necesitará apoyo institucional para que pueda avanzar frente a empresas radicadas en el extranjero.

Recordó que, en una causa iniciada en 2015, la Justicia Federal había ordenado embargos, secuestros y notificaciones contra compañías involucradas en actividades petroleras ilegales en Malvinas. Sin embargo, aseguró que los exhortos internacionales nunca superaron la instancia de Cancillería.

Por ese antecedente, pidió la intervención del Senado, la Cámara de Diputados y las comisiones vinculadas con Relaciones Exteriores, Hidrocarburos y Economía. “Es necesaria una presión legítima para que esto no comience en Tierra del Fuego y después sucumba en el mar de la nada”, manifestó.

Guzmán consideró que Tierra del Fuego debe encabezar la defensa de sus recursos, aunque el reclamo tenga alcance nacional e internacional. También cuestionó que mientras disminuye la actividad hidrocarburífera y se pierden empleos en las áreas bajo control argentino, en Malvinas avanza un proyecto de explotación de dimensiones extraordinarias.

“Si Tierra del Fuego no da el puntapié inicial, ¿quién lo va a hacer?”, planteó. El veterano insistió en que el acompañamiento político será determinante para proteger el ambiente del Atlántico Sur, los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina.