Por FM del Pueblo, el funcionario consideró que los anuncios presidenciales representan “un giro de 180 grados” respecto de la política desarrollada hasta ahora por la Cancillería. Aunque valoró cualquier medida que permita frenar la explotación ilegal de recursos, advirtió que los antecedentes generan desconfianza.

“El historial es completamente negativo”, sostuvo Dáchary, al recordar la admiración expresada por Milei hacia Margaret Thatcher, el acuerdo Mondino-Lammy, la visita del entonces canciller británico David Cameron y la designación de Fernando Iglesias en una representación estratégica ante la Unión Europea.

También mencionó la desactivación del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas, la paralización del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y las declaraciones del Presidente vinculadas con la voluntad de los habitantes de las islas.

A esa lista sumó el reciente ingreso de un buque británico al puerto de Ushuaia. “No tenemos que irnos un siglo atrás para analizar las contradicciones. Hace una semana se celebró la presencia de un buque británico en Ushuaia”, cuestionó.

Dáchary sostuvo que Milei eligió durante la mayor parte de su mandato una política de cooperación con el Reino Unido y recién ahora intenta modificar ese rumbo. “Es la primera vez que tenemos una vuelta en el aire dentro de una misma gestión: eligió tres años cooperar, facilitarles las cosas a los británicos y, en su último año, tratar de complejizar un poco esa operatoria”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que si el cambio es verdadero y se mantiene en el tiempo será acompañado. “Si esta reflexión es honesta, es real y a partir de ahora se quieren hacer las cosas bien, bienvenida sea. Pero es difícil creer cuando existen tantos antecedentes”, remarcó.

El peligro de la explotación petrolera

El secretario provincial advirtió que el proyecto Sea Lion no representa únicamente el saqueo de recursos naturales argentinos, sino también un fortalecimiento económico de la ocupación británica.

Según explicó, la primera etapa de explotación podría alcanzar los 55.000 barriles diarios, con posibilidades de llegar hasta los 180.000. Con esa producción, las islas dejarían de representar un gasto para Londres y comenzarían a generar importantes ingresos, dificultando todavía más una futura negociación por la soberanía.

“Argentina tiene que complicarle las cosas al Reino Unido, no favorecerlo”, sentenció Dáchary. Además, pidió recurrir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, avanzar ante los tribunales internacionales correspondientes y llevar nuevamente las denuncias a la Asamblea General de la ONU.

Tierra del Fuego prepara una nueva ley

Dáchary confirmó que, por pedido del gobernador Gustavo Melella, la Provincia trabaja en una norma para sancionar a las empresas que presten servicios o abastezcan a las islas Malvinas, favoreciendo la continuidad de la ocupación británica.

La iniciativa buscará ampliar las herramientas existentes en la Ley Gaucho Rivero y alcanzar a compañías que, incluso desde otros países, colaboren comercial o logísticamente con las islas.

Finalmente, reclamó que la cuestión Malvinas deje de depender de los cambios de gobierno y se transforme definitivamente en una política de Estado. “Si esto es un punto de inflexión y logramos mantenerlo, las cosas van a ser mucho más fáciles. Tenemos que recuperar urgentemente el tiempo perdido y frenar el saqueo de nuestros recursos naturales”, expresó.