El intendente de Río Grande y referente de Provincia Grande, Martín Perez, volvió a cuestionar al Gobierno nacional y puso el foco en la contradicción que, según planteó, existe entre el discurso presidencial sobre la soberanía de Malvinas y las decisiones económicas que afectan directamente a la industria fueguina.

A través de sus redes sociales, Perez reaccionó a la publicación de la Resolución 351/2026, mediante la cual el Gobierno nacional aprobó un nuevo proceso productivo para la fabricación de acondicionadores de aire dentro del régimen de promoción de Tierra del Fuego.

“Ayer Milei habló de Malvinas y de soberanía. Hoy su Gobierno publicó la Resolución 351/2026, que establece un nuevo proceso productivo para los aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego y, según su propio Anexo, permite que más partes lleguen desde el exterior ya terminadas, armadas o preensambladas”, sostuvo.

Para el intendente, el cambio no puede ser considerado solamente como una modificación técnica de los requisitos industriales, sino que debe analizarse por las consecuencias que puede generar sobre las tareas que actualmente se realizan dentro de las fábricas fueguinas.

“¿Qué significa? Menos puestos de trabajo en Tierra del Fuego, menos etapas de fabricación en nuestras plantas y una menor participación de nuestra industria en el producto final”, afirmó.

Y explicó: “Cuando una pieza que antes requería trabajo industrial acá llega lista para ser montada, ese trabajo se hizo en otro lugar”.

Qué cambia con la Resolución 351/2026

La medida fue publicada este viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial y reemplaza el proceso productivo establecido en 2018 para la fabricación de equipos acondicionadores de aire, tanto sistemas ventana como split.

La nueva normativa establece una nueva secuencia de operaciones que tendrá carácter de “transformación sustancial” a los efectos de acreditar el origen fueguino de los productos.

El nuevo esquema comenzará a regir el 15 de diciembre de 2026. A partir de entonces, las empresas que actualmente producen bajo el régimen anterior tendrán 180 días corridos para adecuar sus procesos. Cumplido ese período, el proceso productivo aprobado en 2018 quedará sin efecto.

La resolución también establece que las empresas que tengan porcentajes de integración local pendientes deberán presentar un cronograma para completar esa integración en un plazo máximo de un año desde el inicio de la producción bajo el nuevo esquema.

Una modificación impulsada por el sector industrial

El texto oficial incorpora otro elemento relevante para entender el origen de la medida: la actualización del proceso productivo fue propuesta por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

Según consta en los considerandos de la resolución, ambas entidades realizaron nuevas aclaraciones y modificaciones a la propuesta el 20 de agosto y solicitaron que el nuevo proceso comenzara a regir el 15 de diciembre.

La Provincia de Tierra del Fuego también intervino en el procedimiento. La propuesta fue analizada por la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE) y posteriormente la Provincia formalizó su intervención mediante una nota del 26 de agosto.

La aprobación quedó finalmente en manos de la Secretaría de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias correspondientes a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Pérez advierte por el empleo industrial

El planteo del intendente se produce además en un contexto de fuerte deterioro del empleo industrial fueguino.

Esta misma semana, al referirse al Día de la Industria, Perez había advertido que entre 2023 y 2026 la provincia perdió 4.602 puestos de trabajo industriales, según los datos difundidos por el propio jefe comunal, lo que representa una caída del 40,8%.

En ese escenario, Perez sostiene que cada modificación que reduzca las etapas de producción realizadas dentro de la provincia puede tener consecuencias sobre el empleo, los proveedores y el entramado industrial.

“En una provincia que ya perdió miles de puestos de trabajo industriales, cada decisión que reduce lo que se produce acá tiene consecuencias”, sostuvo.

La discusión, de esta manera, deja de estar limitada a una norma técnica sobre la fabricación de aires acondicionados y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre qué nivel de integración productiva y qué cantidad de empleo debe permanecer en Tierra del Fuego.

“La soberanía también se defiende con industria”

Perez vinculó directamente la discusión industrial con la cuestión de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.

“Fortalecer el Atlántico Sur también es que los fueguinos tengan trabajo”, afirmó, y sostuvo que la defensa de la soberanía no puede separarse del desarrollo económico, productivo y poblacional de Tierra del Fuego.

“No podemos separar la defensa de nuestra soberanía del desarrollo de Tierra del Fuego y de las posibilidades concretas de nuestra gente de vivir, trabajar y proyectar su futuro acá”, expresó.

El intendente viene planteando que la soberanía en el extremo sur requiere mucho más que presencia militar. En sus recientes pronunciamientos incorporó como componentes estratégicos la industria, el empleo, la ciencia, la infraestructura, la logística y el arraigo poblacional.

En esa misma línea, volvió a cuestionar el contraste entre el discurso nacional sobre Malvinas y las políticas aplicadas sobre Tierra del Fuego.

“En una provincia que ya perdió miles de puestos de trabajo industriales, cada decisión que reduce lo que se produce acá tiene consecuencias”, insistió.

Finalmente, Perez resumió el eje de su posicionamiento con una definición que busca instalar una mirada integral sobre la soberanía del extremo sur:

“La soberanía también se defiende con industria, trabajo y arraigo en Tierra del Fuego”.

La Resolución 351/2026 comenzará a regir en diciembre y obligará a las empresas a adecuar sus procesos durante los meses siguientes. Para Perez, el debate ya está planteado: defender la soberanía de Tierra del Fuego también implica defender la capacidad de producir, generar empleo y sostener familias viviendo y trabajando en el extremo sur argentino.