El dirigente sostuvo que la iniciativa aparece en un momento especialmente delicado, marcado por los despidos en el sector privado, el cierre de comercios, la caída del consumo y el crecimiento del endeudamiento familiar. En ese escenario, consideró que reducir la planta estatal podría generar más desocupación en lugar de resolver los problemas financieros de la Provincia.

“Hoy el país y la provincia atraviesan una situación complicada, con muchos despidos en el sector privado. Presentar un retiro voluntario puede dejar más trabajadores desocupados”, señaló.

“Achicar el Estado no es el camino”

Concha vinculó la propuesta con una política de reducción de la estructura estatal y pidió que el proyecto sea debatido cuidadosamente por la Legislatura. Para el sindicalista, el Gobierno debería concentrarse en recuperar los puestos laborales perdidos y mejorar los salarios de los trabajadores públicos.

“Una provincia como Tierra del Fuego no puede tener esta cantidad de desocupados ni salarios que están entre los más bajos, con el costo de vida patagónico que tenemos”, manifestó.

También expresó dudas sobre las condiciones económicas que ofrecerá el régimen y la forma en que se pagarán las compensaciones. Como ejemplo, indicó que un trabajador con 20 años de antigüedad podría recibir entre $20 millones y $30 millones, pero ese dinero perdería rápidamente su valor.

“Un compañero puede cobrar, pagar sus deudas y después quedarse sin trabajo, sin obra social y sin saber dónde invertir. Hoy están cerrando negocios y nadie vende nada”, planteó.

Falta de personal en las escuelas

El titular de ATE Río Grande también cuestionó el congelamiento de vacantes contemplado en el Presupuesto 2027. Aseguró que actualmente faltan trabajadores de planta permanente en diferentes dependencias provinciales, particularmente en los establecimientos educativos.

Según estimó, en algunas escuelas de Río Grande faltan entre seis y siete personas, principalmente porteros y trabajadores de maestranza. Explicó que las vacantes generadas por jubilaciones o fallecimientos no fueron cubiertas y que numerosas tareas son realizadas por personas contratadas, integrantes de cooperativas o beneficiarios de planes.

“Hay compañeros que limpian escuelas mediante planes sociales y cobran alrededor de $500 mil. Con ese dinero no pueden pagar ni un alquiler”, remarcó.

Estatales que buscan otros trabajos

Concha describió una fuerte pérdida del poder adquisitivo y aseguró que un empleado público con 20 años de antigüedad no llega a cobrar $1 millón mensualmente. Frente a esta situación, afirmó que muchos estatales comenzaron a realizar otras actividades para completar sus ingresos.

“Hoy cada trabajador de la administración pública pone un Uber, trabaja de noche o durante el día para poder llegar a fin de mes. Esto antes no sucedía”, expresó.

El dirigente calculó que un trabajador fueguino debería cobrar alrededor de $3 millones de bolsillo para afrontar un alquiler, mantener a su familia y llegar al menos hasta el día 20 de cada mes.

Además, aseguró que buena parte de las deudas acumuladas mediante tarjetas de crédito y préstamos bancarios se originan en la compra de alimentos. “No se endeudan para viajar o comprar perfumes importados; se endeudan para llevar comida a sus casas”, enfatizó.

Reclamo por una nueva discusión salarial

ATE espera retomar las negociaciones con el Gobierno provincial y anticipó que analizará cualquier propuesta que se presente. Concha consideró insuficientes los posibles ofrecimientos del 3% o 4% y pidió que se busquen recursos en otras áreas.

“Un 3% sobre un salario de $800 mil no alcanza ni para comprar un kilo de carne. El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y recuperar fondos que todavía se gastan mal”, sostuvo.

Para el secretario general, mejorar los ingresos estatales también permitiría reactivar el consumo interno. “La plata que reciben los trabajadores se gasta en la provincia y mueve al comercio, al taxista, al Uber y a toda la economía local”, afirmó.

Concha insistió en que el retiro voluntario y el congelamiento de vacantes no solucionarán la crisis salarial ni laboral. Por el contrario, reclamó una política que preserve los puestos existentes, formalice a quienes cumplen funciones mediante planes y garantice ingresos acordes con el costo de vida de Tierra del Fuego.