En FM Provincia, el letrado explicó que la norma alcanza a todos los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan un delito, más allá de la gravedad del hecho. Por este motivo, pidió que sus consecuencias sean explicadas tanto en las escuelas como dentro de los hogares.

“Cualquier macana que antes podía parecer una zoncera de adolescente, si constituye un delito, ahora tendrá consecuencias penales”, señaló Hernández. Como ejemplos mencionó las amenazas, las peleas que terminan con lesiones y otros conflictos que anteriormente podían quedar fuera de una persecución penal.

El abogado aclaró que no desconoce la existencia de delitos graves cometidos por adolescentes, como homicidios o robos a mano armada. Sin embargo, remarcó que la ley nacional no se limita a esos casos extremos, sino que comprende todas las conductas tipificadas como delitos.

Falta de infraestructura

Una de las principales preocupaciones planteadas por Hernández es la ausencia de centros especializados para alojar a adolescentes privados de su libertad. La normativa prohíbe que permanezcan en contacto con detenidos adultos, pero Ushuaia no dispone actualmente de un establecimiento adecuado para cumplir esa exigencia.

“Decime dónde va a ser. Tiene que existir un lugar especializado”, planteó el abogado, quien recordó que la ciudad también enfrenta dificultades por la falta de espacio dentro del sistema penitenciario destinado a mayores de edad.

Para Hernández, la implementación del régimen resulta actualmente “inviable” en Tierra del Fuego. Además de un centro de detención diferenciado, se necesitan jueces especializados, fiscales, defensores, psicólogos, trabajadores sociales, supervisores y equipos capacitados para trabajar con adolescentes.

La ley también contempla procedimientos de mediación, reparación del daño, pedidos de disculpas, acuerdos con las víctimas y sanciones alternativas. Estas instancias requieren la participación coordinada del adolescente, sus padres, la víctima, el fiscal, el juez y profesionales de distintas áreas.

“Si uno lee la ley, se imagina un espacio con una enorme cantidad de personas participando, pero ese lugar y esa estructura hoy no existen dentro de la Justicia”, sostuvo.

Reclamo de información en las escuelas

Hernández también puso el foco en la falta de difusión. Recordó que la norma fue aprobada meses antes de su entrada en vigencia, pero aseguró que durante ese tiempo no se desarrolló una campaña suficiente para explicarles a los adolescentes cuáles son sus nuevas responsabilidades.

“A partir del segundo año del secundario ya pueden responder penalmente. ¿Este año se les enseñó? ¿Está dentro de la currícula? Seguramente no”, expresó.

Por esa razón, pidió que el contenido de la ley sea incorporado al debate escolar y familiar. Consideró fundamental que los jóvenes conozcan que una amenaza, una agresión o una pelea con lesiones puede derivar en una investigación judicial.

El abogado agregó que la implementación también exigirá adaptar la actuación policial, capacitar a los agentes encargados de intervenir frente a menores y revisar la compatibilidad del nuevo sistema nacional con el régimen provincial de flagrancia.

Finalmente, Hernández recordó que la responsabilidad penal recae sobre el adolescente, pero los padres pueden responder económicamente por los daños ocasionados. Frente al nuevo escenario, insistió en que la prevención y la información deben comenzar en las familias y las escuelas.

“La ley ya está votada y vigente. Ahora tenemos que discutir cómo la difundimos y cómo la implementamos dentro de un sistema judicial que hoy no está preparado”, concluyó.