La medida fue establecida mediante la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Comenzará a regir el próximo 15 de diciembre y las fábricas tendrán un plazo máximo de 180 días para adecuar sus líneas de producción.

Una vez cumplido ese período, quedará sin efecto el proceso vigente desde 2018. Incluso los modelos que actualmente cuentan con acreditación de origen deberán tramitar un nuevo inicio de producción bajo las condiciones aprobadas.

Más componentes podrán ingresar armados

El nuevo régimen mantiene como principio general el ingreso de componentes bajo el formato CKD, es decir, completamente desarmados. Sin embargo, amplía considerablemente las excepciones y autoriza la llegada de piezas ensambladas, prearmadas o colocadas en su posición definitiva.

Entre los componentes permitidos se encuentran la unidad compresora en su posición final, partes de la condensadora ensambladas, subconjuntos de válvulas, motores y soportes de ventiladores armados, además de turbinas, bujes, paneles, aletas y deflectores con un mayor grado de terminación.

La flexibilización también alcanza a la electrónica. Las placas de circuito impreso podrán ingresar terminadas y encapsuladas, con cables, sensores, borneras y prensacables preparados para su instalación.

Las tuberías podrán llegar conformadas y preensambladas, aunque las conexiones finales deberán realizarse mediante soldadura dentro de las plantas. La normativa establece que las conexiones de succión y descarga no podrán ingresar soldadas al compresor.

También se permitirá el ingreso de unidades interiores, exteriores, equipos de ventana y portátiles bajo el formato denominado “mockup”, siempre que posteriormente sean sometidos a las operaciones exigidas para completar el producto.

Temor por la reducción de tareas

La actualización fue impulsada por la Unión Industrial Fueguina y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Las cámaras empresarias sostienen que el nuevo esquema permitirá reducir costos, actualizar los procesos y mejorar la competitividad frente a los equipos importados.

El argumento empresarial señala que determinadas tareas ya forman parte de procesos estandarizados realizados por proveedores internacionales y que repetirlas en Tierra del Fuego encarece el producto final.

Sin embargo, el Gobierno provincial y los gremios UOM y ASIMRA manifestaron objeciones. La principal preocupación es que el ingreso de subconjuntos con mayor nivel de terminación reduzca las tareas de montaje, soldadura y preparación de componentes realizadas por trabajadores fueguinos.

La modificación no elimina completamente el proceso industrial dentro de la provincia. Las empresas deberán completar las operaciones necesarias para transformar los componentes en productos terminados y realizar controles de fugas, seguridad eléctrica, funcionamiento en frío y calor, mediciones eléctricas, inspecciones estéticas y pruebas de calidad.

No obstante, el nuevo régimen reduce la cantidad de operaciones que obligatoriamente deberán realizarse en las plantas de Tierra del Fuego, lo que abre interrogantes sobre el futuro de determinados puestos laborales.

Menor integración nacional

Otra diferencia importante respecto del proceso aprobado en 2018 es la integración de componentes argentinos. El esquema anterior establecía porcentajes mínimos de utilización para determinadas piezas nacionales, exigencias que ya no aparecen de manera específica en la nueva normativa.

Las empresas que todavía mantengan compromisos pendientes de integración local deberán presentar ante la Comisión para el Área Aduanera Especial un cronograma para completarlos. El plazo máximo será de un año desde el comienzo de la producción bajo el nuevo sistema.

De esta manera, la discusión vuelve a enfrentar dos posiciones: por un lado, las cámaras empresarias que defienden la reducción de costos para competir con las importaciones; por el otro, los sectores que advierten que la flexibilización puede traducirse en menos valor agregado, menos tareas industriales y una menor demanda de trabajadores en Tierra del Fuego.