Por: EDITORIAL | RED23 NOTICIAS

La educación fueguina atraviesa una situación que ya no puede ser explicada únicamente como un conflicto salarial. Lo que comenzó como una disputa entre el Gobierno provincial y SUTEF se transformó en una crisis que tiene como principal costo a miles de estudiantes y sus familias.

Y ese dato debería ser suficiente para entender la gravedad del momento.

Porque mientras dirigentes y funcionarios vuelven a ocupar espacios en los medios, las aulas continúan vacías. Mientras se anuncian nuevas reuniones, nuevas movilizaciones y nuevas consignas, las familias siguen sin una respuesta concreta sobre cuándo sus hijos podrán volver a tener clases con normalidad.

El problema es que la política parece haberse acostumbrado al conflicto permanente.

SUTEF sostiene un paro por tiempo indeterminado y reclama una recomposición salarial que considera insuficiente. El gremio rechazó por el 99,5% de las asambleas la última propuesta presentada por el Ejecutivo. El Gobierno, por su parte, reconoce que el salario no resulta suficiente, pero afirma que las restricciones económicas de la provincia impiden llegar al aumento que reclama el sector.

Ambas posiciones pueden tener argumentos. Lo que ya resulta mucho más difícil de justificar es que ninguna de las dos partes haya logrado encontrar una salida después de más de un mes de aulas cerradas.

Y aquí aparece la responsabilidad que excede a la mesa paritaria.

El Gobierno tiene la obligación política de conducir y encontrar una solución. SUTEF tiene derecho a reclamar, pero también tiene la responsabilidad de dimensionar el impacto de una medida que ya dejó de ser excepcional para convertirse en una interrupción prolongada del sistema educativo. La Legislatura tampoco puede limitarse a observar desde afuera: este miércoles volverá a tratarse en comisión el financiamiento educativo, mientras el presupuesto 2027 abrió además otra discusión sobre cargos y horas cátedra.

Y hay una pregunta que debería interpelar a todos: ¿quién está pensando hoy en los chicos?

Porque detrás de cada jornada de paro no hay solamente una estadística. Hay estudiantes que pierden contenidos, rutinas, vínculos y oportunidades. Hay familias que reorganizan sus vidas como pueden. Hay docentes que también padecen la incertidumbre. Y hay una comunidad educativa entera atrapada en una disputa que parece no encontrar un punto de llegada.

El calendario oficial de 2026 fue diseñado con un mínimo de 190 días de clase y hasta debió ampliarse el receso invernal por una semana. Sobre ese calendario ya deteriorado se montó ahora una huelga que comenzó después del receso y que, a esta altura, lleva más de cinco semanas consecutivas.

Esto ya no admite discursos grandilocuentes.

Tampoco alcanza con convocar otra reunión, anunciar otra movilización o trasladar la responsabilidad de una oficina a otra. La política fueguina necesita dejar de administrar el conflicto y empezar a resolverlo.

Horacio Catena ha demostrado una enorme capacidad para instalar el reclamo y mantenerlo en la agenda pública. Pero una protesta puede ser legítima y, al mismo tiempo, una estrategia puede terminar agotándose cuando no consigue producir una salida. De la misma manera, el Gobierno puede explicar las dificultades financieras tantas veces como quiera, pero gobernar también significa construir alternativas cuando las respuestas sencillas no alcanzan.

Hoy todos parecen tener algo para decir.

Lo que sigue faltando es alguien capaz de lograr que los chicos vuelvan a las aulas.

La educación pública fueguina no puede convertirse en el escenario permanente de una pelea política, sindical y presupuestaria. Los estudiantes no tienen tiempo para esperar que adultos con responsabilidades institucionales decidan quién tiene la última palabra.

Ya fueron demasiados días. Ya fueron demasiadas reuniones. Ya fueron demasiadas explicaciones. Ahora hacen falta clases.

Porque una protesta no puede ser eterna y un gobierno tampoco puede acostumbrarse a gobernar con las aulas vacías.