El Congreso quedó en el centro de una fuerte pulseada política. La oposición convocó para este miércoles 9 de septiembre a una sesión especial destinada a acelerar el tratamiento de más de 50 proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Sin embargo, el Gobierno nacional trabaja intensamente para impedir que se sienten los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. La tarea quedó principalmente en manos del ministro del Interior, Diego Santilli, y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Los funcionarios mantienen conversaciones con gobernadores cercanos a la Casa Rosada para evitar que sus legisladores acompañen el pedido opositor. Las negociaciones apuntan especialmente a representantes de Salta, Tucumán, Chubut y Neuquén, provincias cuyos mandatarios conservan canales de diálogo con Javier Milei.

Una sesión con el quórum al límite

La oposición asegura contar con un número cercano al necesario, aunque admite que cada presencia será determinante. La convocatoria es impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda y otros espacios.

El objetivo inmediato no será aprobar una ley, sino obligar a las comisiones controladas por el oficialismo a establecer fechas concretas para emitir dictamen. Los sectores opositores temen que los expedientes permanezcan paralizados y nunca lleguen a discutirse en el recinto.

La última medición ubicaba el apoyo entre 129 y 133 diputados, pero existen dudas sobre el comportamiento de varios legisladores provinciales. Esa fragilidad explica el fuerte operativo político desplegado por el Gobierno.

Millones de argentinos atrapados por las deudas

En la Cámara de Diputados existen decenas de iniciativas destinadas a atender el crecimiento del endeudamiento familiar. Los bloques convocantes sostienen que más de 20 millones de personas mantienen algún tipo de deuda y alrededor de seis millones ya se encuentran en situación de mora.

El presidente de la Comisión de Finanzas, el fueguino Santiago Pauli, presentó un cronograma que contempla reuniones informativas y fija como fechas tentativas el 23 y el 30 de septiembre para avanzar con los dictámenes.

La oposición considera que esos plazos forman parte de una maniobra destinada a estirar el debate hasta que comience la discusión del Presupuesto 2027, que ocupará buena parte de la agenda parlamentaria.

Desde La Libertad Avanza sostienen que es necesario elaborar una respuesta que no perjudique el funcionamiento del sistema crediticio. La diputada Silvana Giudici advirtió que una intervención equivocada podría terminar afectando “la posibilidad de crédito de 40 millones de argentinos”.

Discapacidad: la crisis que termina pagando cada provincia

El segundo tema central será la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia concluye a finales de 2026. Gobernadores y legisladores provinciales advierten que las personas que pierden prestaciones o quedan afuera de la cobertura nacional terminan recurriendo a hospitales e instituciones locales ya saturadas.

La Comisión de Discapacidad, presidida por el oficialista Gerardo Huesen, también planteó un cronograma de reuniones durante septiembre. La oposición pretende fijar desde el recinto una fecha obligatoria para que el proyecto obtenga dictamen.

Mientras tanto, en el Senado permanece frenada una reforma impulsada como alternativa por el Gobierno. La propuesta recupera el criterio de “invalidez laboral” para acceder a pensiones y excluiría a quienes tengan un empleo formal, uno de los puntos más resistidos por organizaciones del sector.

También plantea modificar el esquema mediante el cual se determinan los valores de terapias, transportes y acompañantes, dejándolos sujetos a negociaciones entre prestadores, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

El Gobierno busca ganar tiempo

La estrategia oficial consiste en trasladar ambas discusiones al período de tratamiento del Presupuesto 2027. Allí, el Ejecutivo podría incorporar concesiones para contener a gobernadores y aliados sin permitir que la oposición controle los tiempos legislativos.

La sesión se transformó así en una prueba decisiva para el Gobierno: si la oposición consigue el quórum, podrá imponer plazos y acelerar asuntos que la Casa Rosada busca administrar. Si fracasa, el oficialismo conservará el control del calendario y podrá prolongar las discusiones.

Mientras los bloques cuentan diputado por diputado, millones de familias endeudadas y personas con discapacidad esperan una respuesta que permanece atrapada en las negociaciones políticas del Congreso.