El crédito digital que durante los últimos años se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por los argentinos para afrontar gastos cotidianos quedó ahora bajo la lupa de la Justicia.

Mercado Pago enfrenta una demanda judicial por el presunto cobro de intereses que, según el cálculo realizado por una asociación de consumidores, superarían el 1.300% anual.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 de la Ciudad de Buenos Aires por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), en representación de dos usuarias que cuestionaron las condiciones aplicadas a determinados créditos otorgados a través de la plataforma.

El reclamo no plantea solamente una discusión sobre el costo de un préstamo. Pone en el centro del debate hasta dónde puede llegar una tasa de interés en el sistema de crédito digital y cuándo un costo financiero puede transformarse en una condición abusiva para el consumidor.

Una tasa que quedó bajo la lupa

De acuerdo con ACFRA, el análisis de las operaciones denunciadas permitió calcular tasas que superarían el 1.300% anual.

La organización sostiene que esos niveles resultarían desproporcionados y pretende que la Justicia revise las condiciones de los créditos y determine si corresponde la restitución de las sumas que, según su planteo, habrían sido cobradas de manera indebida.

La demanda está dirigida contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago.

Por tratarse de una acción judicial en curso, será la Justicia la que deberá establecer si existió efectivamente un cobro abusivo, cuál fue la tasa aplicable en cada operación y si corresponde algún tipo de devolución o reparación.

Ese punto resulta fundamental: el 1.300% anual es, por ahora, un cálculo presentado por la asociación que impulsa el reclamo y no una tasa que haya sido declarada judicialmente abusiva.

El problema detrás del crédito fácil

La discusión aparece en un momento particularmente sensible para las finanzas de los hogares argentinos.

Las billeteras virtuales y las plataformas financieras digitales ampliaron de manera significativa el acceso al crédito. Para millones de personas, obtener dinero a través de una aplicación se volvió mucho más sencillo que recurrir al sistema bancario tradicional.

Pero esa facilidad también tiene un costo.

Un informe reciente de Reuters señaló que los préstamos individuales otorgados por fintechs en Argentina pasaron de alrededor de 500.000 a 10 millones, mientras que casi 6 millones de prestatarios acumulan atrasos superiores a 90 días. El crecimiento de los préstamos digitales se produce en un contexto en el que muchos hogares recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

La paradoja es evidente: el mismo sistema que facilita el acceso al dinero puede convertirse en una trampa financiera cuando el usuario no consigue cancelar el crédito en los plazos establecidos.

Y allí es donde la discusión sobre las tasas adquiere otra dimensión.

Cuando pedir prestado deja de ser una solución

El endeudamiento familiar ya no aparece como un fenómeno marginal.

Durante las últimas semanas, la morosidad de los hogares llegó incluso al Congreso, donde la oposición consiguió impulsar el tratamiento de proyectos destinados a atender la situación de millones de deudores. La discusión parlamentaria expuso la dimensión que alcanzó el problema del sobreendeudamiento en la Argentina.

En ese escenario, el caso de Mercado Pago agrega una nueva discusión: qué nivel de protección tiene un consumidor cuando acepta un crédito desde una aplicación y cuáles son los límites que deben respetar las empresas financieras y fintech.

No se trata solamente de discutir si una persona leyó o aceptó las condiciones de un contrato digital.

También aparece la cuestión de si determinadas condiciones pueden considerarse abusivas aun cuando hayan sido aceptadas formalmente por el usuario.

La Justicia tendrá ahora la palabra

La demanda presentada por ACFRA deberá atravesar ahora el proceso judicial correspondiente.

La organización busca que se revisen los intereses aplicados en los casos denunciados y que, si la Justicia determina que existieron cobros indebidos, se establezcan las consecuencias correspondientes.

El expediente vuelve a poner bajo discusión un fenómeno que creció mucho más rápido que la capacidad de muchos consumidores para comprender el verdadero costo del financiamiento digital.

Un préstamo que llega en segundos puede convertirse en una deuda que tarda años en desaparecer.

Y cuando el costo financiero alcanza cifras extraordinarias, la discusión deja de ser solamente cuánto cuesta pedir dinero prestado.

Pasa a ser dónde termina el crédito y dónde comienza el abuso financiero.

Esa es ahora la pregunta que deberá responder la Justicia.